QUITO, Pichincha
El derecho al empleo preferente; las sanciones por incumplimiento en la contratación de residentes permanentes; la implementación de proyectos de seguridad ciudadana; y, la priorización de los proyectos y asignación de recursos del Fondo Común, son parte de la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, cuyo informe para primer debate fue aprobado en la Comisión de Biodiversidad.
El proyecto aborda la dimensión ambiental, social y económica, promoviendo una visión integral para el desarrollo de la región amazónica. Esto incluye empleo, educación y equidad de género.
La iniciativa resalta que, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos de la Amazonía sean gestionados de manera sostenible, sin comprometer las futuras generaciones, y asegurando la participación activa de los pueblos amazónicos en las decisiones que les afectan.
Residentes amazónicos
Según la reforma, serán considerados como residentes de esta región los que pertenecen a los pueblos y nacionalidades amazónicas, aquellas personas que han nacido en la circunscripción, aquellos que han residido por la menos los últimos seis años o por lo menos hayan estado empadronados y sufragado los tres últimos procesos electorales en la circunscripción.
Contratación pública
En todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicarán acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes amazónicos que tengan su sociedad matriz o establecimiento permanente en la Amazonía.
Al menos el 80 % de servicios y/o mano de obra deberá pertenecer a la jurisdicción específica en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los términos de referencia.
Distribución del Fondo Común
Con relación a la priorización del Fondo Común, el 60 % de los recursos, se invertirán en las áreas de influencia de las jurisdicciones parroquiales, cantonales y provinciales donde se desarrollan las actividades hidrocarburíferas, mineras y eléctricas.
La Secretaria Técnica controlará que las inversiones no se dupliquen entre áreas de influencia que corresponde al 60 % y los proyectos de incidencia regional que corresponde al 40 %.
La propuesta legal, además reforma la Ley Orgánica del Servicio Público; Ley Orgánica de Participación Ciudadana; y, el Código Orgánico de la Función Judicial, lo que permitirá la aplicación normativa. (I)
