SAMBORONDÓN, Guayas
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó, con siete votos a favor, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, una iniciativa orientada a mejorar la seguridad, la gestión y el control en los centros de privación de libertad del país.
La sesión se desarrolló este miércoles en el auditorio de la Universidad ECOTEC, en Samborondón, en el marco del tratamiento de la propuesta que busca modernizar el sistema penitenciario ecuatoriano mediante reformas legales.
Estas reformas, según el proyecto, permitirá enfrentar de manera más efectiva la crisis carcelaria, fortalecer la institucionalidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y rehabilitación social.
Presentan observación
Durante la sesión se incorporó una observación planteada por el vicepresidente de la Comisión, Andrés Castillo, relacionada con la implementación de políticas públicas de trabajo interno para las personas privadas de libertad.
Estas deberán ejecutarse en un plazo máximo de 36 meses, conforme a criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación.
La moción para aprobar el informe fue presentada por el legislador Mario Zambrano, quien señaló que el país enfrenta una problemática que requiere respuestas firmes y urgentes para fortalecer el sistema carcelario.
Destacó que la aprobación del informe constituye un paso importante para la seguridad nacional y para recuperar el control del sistema penitenciario.
Proceso de rehabilitación
El legislador indicó que el trabajo de las personas privadas de libertad debe formar parte del proceso de rehabilitación, permitiéndoles cubrir sus necesidades básicas y avanzar hacia una reinserción social efectiva.
Además, señaló que con esta normativa se busca debilitar el poder de los grupos de delincuencia organizada dentro de las cárceles, evitando que los cabecillas utilicen los centros penitenciarios para dirigir actividades delictivas.
Entre los principales ejes de la iniciativa se destacan el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria mediante mejoras en la infraestructura de los centros de privación de libertad y la implementación de sistemas de control más rigurosos; la profesionalización y fortalecimiento del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria; y el mejoramiento de la organización y clasificación de las personas privadas de libertad, estableciendo criterios de segregación según niveles de peligrosidad y perfiles criminológicos.
La propuesta también plantea la incorporación de herramientas tecnológicas y de gestión para optimizar el control interno, la seguridad y la administración del sistema penitenciario, así como el fortalecimiento de las políticas de rehabilitación social para promover la reinserción de las personas privadas de libertad y reducir los índices de reincidencia. (I)
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