QUITO, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, una iniciativa orientada a mejorar la competitividad del país y ampliar el acceso de los jóvenes al empleo formal.
El informe recibió ocho votos afirmativos y se construyó a partir de 26 comparecencias y 13 sesiones de trabajo, con aportes de instituciones públicas, academia, institutos técnicos, universidades y representantes del sector productivo. Así lo informó la presidenta de la Comisión, la asambleísta Valentina Centeno.
Centeno explicó que el eje central de la propuesta se concentra en el fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica y de la formación dual, bajo el enfoque de “aprender haciendo”, como mecanismo para elevar la productividad y generar oportunidades de empleo adecuado para jóvenes.
El texto incorpora definiciones claras sobre la formación dual, establece la figura de las entidades receptoras formadoras —principalmente empresas— y reconoce los aprendizajes previos. Entre las principales innovaciones constan la homologación del bachillerato técnico, cursos y certificaciones por competencias hacia carreras de nivel superior, así como la validación de la experiencia profesional para acceder a carreras técnicas, tecnológicas y duales.
La propuesta también plantea la creación de un comité público-privado y de 24 clústeres académico-productivos a escala nacional, que articularán al Estado, las instituciones de educación superior y el sector empresarial, con el fin de alinear la oferta educativa a las necesidades productivas de cada provincia.
Registro Nacional de Formación Dual
Además, el informe impulsa la implementación de un Registro Nacional de Formación Dual, la contratación de seguros contra accidentes para estudiantes y la apertura de líneas de crédito preferente para institutos que adopten este modelo educativo.
La normativa incluye incentivos para docentes, acciones afirmativas de inclusión para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes de zonas rurales y grupos en situación de vulnerabilidad, y refuerza el principio de gratuidad de la educación, al ampliarlo a una segunda carrera dentro de una trayectoria tecnológica sucesiva en instituciones públicas.
La Comisión fijó plazos específicos para la reglamentación y aplicación de la ley, con el objetivo de asegurar su ejecución efectiva. El informe aprobado será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su difusión, debate y tratamiento en el Pleno del Parlamento. (I)
