QUITO, Pichincha
La Comisión de Régimen Económico, aprobó por unanimidad el informe de la Proforma del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2023 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley de la Función Legislativa, en la que recomienda al Pleno de la Asamblea observar la misma con sus respectivas conclusiones y recomendaciones al Ejecutivo.
La mesa legislativa sugiere que en el presupuesto codificado de 2023 se realicen los ajustes que correspondan al precio del barril de petróleo, para que no exista afectación a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades con preasignación.
Recomienda además que se sustente las bases de cálculo de los valores en la Proforma 2023 para evidenciar el cumplimiento de la disposición transitoria vigésimo segunda de la Constitución, que establece que el Presupuesto General del Estado para el Sistema Nacional de Salud se incrementará cada año en un porcentaje no menor al 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos 4%.
También asignar los recursos para que las universidades puedan cubrir las disminuciones en su plan anual de inversiones, respecto a la proforma codificada en agosto de 2022.
La redistribución deberá priorizar a las universidades que mantienen una reducción del presupuesto para el año 2023 con respecto al codificado de agosto de 2022.
Indicadores justificativos
La comisión concluye que la Proforma 2023 parte de supuestos macroeconómicos que exponen diferentes indicadores entre el justificativo de la Proforma y su anexo de Riesgos Fiscales. Para el indicador de crecimiento económico existe optimismo en el parámetro al situarlo en 3.1%, cuando las estimaciones referenciales del mismo Ministerio de Finanzas en promedio se acercan al 2.6%.
En cuanto al resultado global, la Proforma exhibe un déficit fiscal de USD 2.629,92 millones, lo que representa el 2.1% del PIB. Así mismo, se evidencia un déficit en el balance entre ingresos y gastos permanentes de USD 1.460,59 millones.
La comisión recalca que esto no constituye un incumplimiento de la regla fiscal dado que por excepción los gastos permanentes en educación, salud y justicia pueden ser cubiertos con ingresos no permanentes.
Las preasignaciones constitucionales y legales para el caso de educación inicial, básica y bachillerato, así como para el sistema de salud pública no reportan los saldos finales, y por ello, existió dificultad para verificar el estricto cumplimiento de las respectivas asignaciones, según el informe.
La inversión social comprendida por los sectores educación, salud, bienestar social, trabajo y desarrollo urbano y vivienda ascienden a USD 11.011,89 millones, lo cual refleja un incremento de USD 1,084.50 millones frente al codificado de agosto del 2022, mientras que el rubro de obras públicas tiene una disminución del 22.84%.
El Plan Anual de Inversiones tiene una reducción de USD 147 millones, con lo cual la asignación total para proyectos de inversión suma USD 1.871,47 millones. (I)
