QUITO, Pichincha
La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió la comparecencia del especialista en Derecho Constitucional, David Carrión, quien presentó un análisis jurídico y técnico del proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático, impulsado por la exasambleísta por Napo, Sandra Rueda.
Carrión reconoció que la iniciativa representa un avance en legislación ambiental, pero formuló varias recomendaciones para fortalecer su coherencia con la Constitución y los tratados internacionales. Entre las principales observaciones, propuso sustituir la palabra “combate” por términos como “reducción” o “estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero”, reflejando con mayor precisión los objetivos de la norma.
Asimismo, sugirió incluir en los considerandos referencias al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como reforzar la terminología constitucional que reconoce la protección de ecosistemas, el derecho a un ambiente sano y la naturaleza como sujeto de derechos.
En cuanto al contenido técnico, Carrión indicó que ciertos artículos relacionados con la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones (ENRE) y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica presentan riesgos de inseguridad jurídica, y recomendó que la ENRE administre el fondo destinado a acciones climáticas para garantizar gestión especializada y evitar dispersión administrativa.
El especialista también enfatizó la necesidad de clarificar el concepto de justicia climática, enfocándolo en la compensación de países altamente contaminantes hacia los menos contaminantes, y no exclusivamente a enfoques comunitarios o de género. Valoró la inclusión del comercio de carbono, educación, investigación, participación ciudadana y la creación de un fondo climático como aciertos de la iniciativa.
Finalmente, Carrión advirtió que las disposiciones sobre faltas e infracciones podrían entrar en conflicto con normas vigentes, como la Ley Orgánica de la Función Administrativa y la Ley Orgánica de Servicio Público, y recomendó su supresión para evitar duplicidades legales. (I)
