QUITO, Pichincha
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad sesionó en Piñas, provincia de El Oro, con el objetivo de construir normativas desde el territorio.
Durante la sesión, se abordaron temas fundamentales para el fortalecimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos. Allí, junto a diversos actores analizó el proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que busca mejorar la protección de los derechos constitucionales y asegurar un control efectivo de las garantías jurisdiccionales.
Mireya Encalada, abogada en libre ejercicio, expuso la necesidad de normas que garanticen el ejercicio equilibrado de los derechos constitucionales, que son progresivos y no regresivos. Y advirtió que existen incoherencias en la normativa actual que deben ser corregidas para una mejor protección de los derechos.
Jorge Romero, delegado del presidente de la Corte Provincial de El Oro, mencionó la situación represada de la justicia constitucional. Afirmó que las sentencias de la Corte pueden tardar de 3 a 5 años.
Además, señaló la necesidad de un acceso más rápido y eficiente a la justicia para evitar efectos de rebote en la revisión de causas represadas.
Reformas a Ley de Discapacidades
También, la Comisión de Garantías Constitucionales avanzó en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de reformas al proyecto de Ley de Discapacidades, que tiene como propósito fortalecer los derechos de las personas con discapacidad y asegurar su plena integración en la sociedad.
Durante la sesión, se discutieron políticas inclusivas y accesibles para todos los ciudadanos. Paola Cabezas, presidenta de la comisión enfatizó que, aunque la comisión construye la normativa, es el Ejecutivo el que debe asignar el presupuesto y ejecutar las leyes.
Por su parte, Amparo Moreno, líder y activista social, señaló que a lo largo de su vida ha observado cómo las personas con discapacidad han sido desatendidas. Hizo un llamado a la mesa legislativa para que no solo se creen más leyes, sino que se asegure el cumplimiento efectivo de las ya existentes.
Asimismo, resaltó las deficiencias en la educación y la importancia de aumentar el acceso laboral para personas con discapacidad.
Régimen especial de jubilación
Víctor Guerra, docente de la Unidad Educativa Especializada «Dr. Luis Benavides», propuso la creación de un régimen especial de jubilación para personas con discapacidad y la implementación de convenios específicos de cooperación para brindar procesos de seguimiento educativo.
Daniel Pesantes, de la Cámara Nacional de Acuacultura, hizo observaciones puntuales sobre el incremento del porcentaje de personas con discapacidad en el ámbito laboral.
Expresó que este incremento debería aplicarse en el área administrativa debido a las exigencias físicas del trabajo en el campo.
Jéssica Espinoza, quien participó como asambleísta por un día, destacó la necesidad de trabajar en territorio y escuchar a la gente para hacer leyes efectivas. Resaltó que el 65 % de las personas con discapacidad no tiene acceso a la seguridad social y son atendidas en el ámbito familiar, lo que requiere la corresponsabilidad del Estado. (I)
