QUITO, Pichincha
La Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional aprobó una moción para fiscalizar a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura ante la falta de avances en miles de casos de violencia contra menores que aún no cuentan con sentencia.
La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, enfatizó la gravedad de la situación: “Las cifras no son solo números; detrás hay niños que esperan justicia”. La moción, aprobada con seis votos a favor, instruye la elaboración de un informe que será remitido al Pleno y a las entidades correspondientes para exigir respuestas y acciones concretas contra la impunidad.
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Este acuerdo surgió durante la evaluación al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) por el desempeño de las Unidades de Acogimiento Institucional. En 2024, se registraron suicidios e indicios de abuso en el centro “Buen Vivir” de Macas, lo que puso en evidencia deficiencias en recursos, seguimiento técnico y presencia estatal.
Hasta el momento, la comisión ha aprobado tres informes de fiscalización, y el cuarto se encuentra en desarrollo; sin embargo, algunas instituciones no han entregado la información requerida.
Durante la sesión, se abordó también la violencia de género contra niñas y adolescentes. Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, denunció que ocho menores son abusadas cada hora en Ecuador, y calificó la violencia sexual como “una muerte anticipada”. Martínez rechazó medidas como la castración química y propuso implementar una educación sexual integral con enfoque científico y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar la pederastia como delito autónomo.
Por su parte, Eulalia Franco, delegada de la Fundación Mega Mujeres, alertó sobre el uso indebido del principio del interés superior del niño, empleado por agresores para presentar denuncias falsas ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. También destacó la insuficiencia de personal, la débil coordinación interinstitucional y la revictimización que sufren mujeres y menores, instando a revisar urgentemente el funcionamiento de estas instancias.
La Comisión de Niñez reiteró su compromiso con la protección integral de la infancia y adolescencia y continuará fiscalizando para garantizar que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. (I)
