QUITO, Pichincha
La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó, con nueve votos a favor, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. La moción la presentó la asambleísta Annabella Azin, tras un análisis técnico, jurídico y sanitario que se extendió por cerca de diez sesiones de trabajo.
La propuesta crea, por primera vez en Ecuador, un marco legal integral y permanente para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer, bajo la rectoría del Estado y mediante el Sistema Nacional de Salud. El objetivo central apunta a reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a esta enfermedad y garantizar una atención continua, equitativa y de calidad.
El proyecto se organiza en siete capítulos, además de disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y una disposición final. Entre sus principios rectores constan el acceso universal a la salud, equidad, calidad y seguridad, bioética, humanización, interculturalidad, confidencialidad, participación ciudadana y el uso de evidencia científica, en armonía con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Durante la sesión, la asesora parlamentaria Sofía Añasco explicó que el texto fortaleció su contenido respecto al informe de primer debate, al incorporar observaciones del Pleno, instituciones públicas y privadas, expertos, academia y sociedad civil. Estas mejoras refuerzan la garantía de derechos, optimizan la articulación institucional y precisan los mecanismos de financiamiento.
Entre los avances más relevantes, la iniciativa amplía los derechos de las personas con diagnóstico de cáncer. Incluye acceso a atención integral en salud mental, estabilidad laboral reforzada conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el derecho al “olvido oncológico” para pacientes recuperados, con el fin de evitar prácticas discriminatorias, como la exigencia de antecedentes médicos para acceder a servicios financieros o de seguros.
La normativa también fija obligaciones claras para los prestadores de servicios oncológicos, públicos y privados, como la aplicación de guías y protocolos clínicos, la entrega de información oportuna y comprensible, el respeto al consentimiento informado y la provisión de cuidados paliativos integrales en todas las etapas de la enfermedad.
Un capítulo específico aborda la atención del cáncer en niños, niñas y adolescentes, con un enfoque diferenciado basado en el interés superior del niño. El texto contempla diagnóstico oportuno, tratamiento especializado, atención integral en salud física y mental, apoyo psicológico a las familias, continuidad educativa, asentimiento informado según edad y madurez, y sistemas de seguimiento y evaluación.
Plano institucional
En el plano institucional, la propuesta fortalece la gobernanza del sistema mediante la creación del Plan Nacional del Cáncer, el Comité Nacional del Cáncer, el Registro Nacional del Cáncer, la Red Nacional Especializada de Atención y un registro dinámico de medicamentos, que permitirá actualizar el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos conforme a estándares internacionales.
El financiamiento se sustentará en los recursos provenientes de la contribución especial a las operaciones de crédito, con mecanismos de uso exclusivo, transparente y sujeto a control por parte de la autoridad sanitaria nacional.
La Comisión recomendó al Pleno de la Asamblea la aprobación del proyecto, al considerar que cumple con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, incorpora criterios técnicos respaldados por la OMS y la OPS, y fortalece de manera estructural el derecho a la salud de las personas con cáncer. Annabella Azin subrayó que la ley responde a un problema de salud pública prioritario y busca atender de forma más clara y efectiva las necesidades reales de los pacientes y sus familias. (I)
