QUITO, Pichincha
Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió aportes al proyecto de Ley de Reconocimiento a Veteranos de Guerra del Ecuador, que tiene por objetivo beneficiar a todo el personal de combatientes que estuvieron realmente en el frente de batalla, defendiendo la soberanía nacional en los conflictos bélicos de 1941, 1981 y 1995.
En este sentido, el delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge Villarruel recomendó que se incluya en la normativa, tanto la identificación de las fuentes de financiamiento para beneficios como becas y programas de asistencia del Gobierno, cuanto el impacto fiscal que esto generaría.
Aprobar nueva ley
De su lado, Ítalo Murillo, secretario de Calificación de Héroes y Heroínas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sugirió que en lugar de aprobar una nueva ley, sería viable emprender en reformas a la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas.
La finalidad es que este grupo de excombatientes accedan a los beneficios ya establecidos, pues actualmente acuden a su despacho personas que habrían participado en los combates de 1981 y 1995, pero que no constan en las listas remitidas por el Ministerio de Defensa Nacional. “Actualmente, hay 7.700 héroes y heroínas reconocidos a nivel nacional”, añadió.
Entre tanto, Álex Padilla, de la Comisión de Legislación del Ministerio de Defensa, coincidió en la necesidad de introducir reformas a las leyes ya existentes en esta materia.
Reformas a la vigente normativa
El delegado de las Fuerzas Armadas, durante su presentación en la Comisión de Soberanía, consideró que el proyecto que tramita la comisión tiene un ámbito muy amplio que podría generar confusión, tanto en la institución militar, como en los propios beneficiarios, por lo cual lo recomendable sería proponer reformas a las normativas vigentes.
Inés Alarcón, presidenta del organismo legislativo, al agradecer por las observaciones y sugerencias presentadas por los delegados de las distintas instituciones, aclaró que este proyecto nace por la falta de atención a cerca de 200 excombatientes que no estarían amparados por las leyes vigentes, muchos de ellos son personas con discapacidad y hasta el momento no han recibido ninguno de los beneficios que presta el Estado a este sector social. (I)
