QUITO, Pichincha
La Comisión de Régimen Económico resolvió, con 10 votos a favor, solicitar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la autorización para unificar dos iniciativas legales orientadas a regular el pago de créditos y el cobro de intereses de mora en el sistema financiero ecuatoriano.
La mesa legislativa planteó integrar el Proyecto de Ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero Nacional y No Financiero, de autoría de la exasambleísta Vanessa Álava Moreira, con el Proyecto de Ley Orgánica que Norma la Adecuada Aplicación de los Intereses de Mora en el Sistema Financiero Nacional, impulsado por el exlegislador Virgilio Saquicela.
El primer proyecto busca garantizar a los usuarios del sistema financiero el acceso al refinanciamiento y a facilidades de pago, sin que estas operaciones generen cobros adicionales ni intereses de mora distintos a los pactados en los contratos originales. Álava recordó que la propuesta surgió tras los abusos detectados en el cobro de “intereses sobre intereses” luego de la pandemia de 2020, cuando entró en vigencia la Ley Humanitaria y se modificaron los mecanismos de cálculo de las obligaciones bancarias.
La iniciativa apunta a evitar que en el país se configure el anatocismo en cualquiera de sus modalidades, práctica que incrementa de forma desproporcionada las deudas de los usuarios.
Segundo proyecto
El segundo proyecto establece reglas claras para la aplicación de los intereses de mora. Saquicela precisó que la propuesta no modifica la política monetaria ni crea nuevas tasas, sino que ordena la forma en que las entidades financieras aplican estos intereses. La norma dispone que la tasa de mora se calcule únicamente sobre el capital vencido y desde la fecha en que se produzca el incumplimiento del pago.
El texto también prohíbe el cobro de intereses de mora, multas u otros recargos sobre el capital no vencido y obliga a las instituciones financieras a informar a sus clientes, de manera clara, precisa y transparente, los métodos autorizados para el cálculo de estos intereses.
Con la unificación de ambas iniciativas, la Comisión busca consolidar un marco legal que fortalezca la protección de los usuarios del sistema financiero y establezca reglas claras frente al cobro de intereses y facilidades de pago. (I)
