QUITO, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional analizó la reducción del tiempo de aplicación de la ley seca durante procesos electorales, con el objetivo de dinamizar sectores como el turístico, gastronómico y productivo. La propuesta forma parte del Proyecto de Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales, que se encuentra en preparación para su primer debate en el Pleno.
Ricardo Sánchez, presidente del Buró del Centro Histórico, afirmó que la normativa vigente —que prohíbe la venta y consumo de alcohol 36 horas antes y 12 horas después del día de votaciones— no ha demostrado disminuir el consumo, pero sí ha generado pérdidas económicas estimadas en USD 150 millones en los últimos cinco años, durante 13 procesos electorales. Comentó que cerca de 39 días acumulados de ley seca provocaron el cierre temporal de más del 40% de restaurantes en fechas electorales, con efectos directos en empleo, recaudación e inversión.
El empresario comparó el escenario regional y resaltó que Ecuador mantiene una restricción más prolongada que países como Uruguay, Chile, Argentina y Colombia, donde la prohibición se limita al horario de votación.
Pablo Jiménez, vicepresidente de la Cámara de Industria y Producción (CIP), respaldó la reforma y aseguró que la normativa actual resulta desproporcionada. Explicó que la medida, además de afectar al turismo nacional e internacional —con casos como el de Galápagos, donde visitantes extranjeros ajenos al proceso electoral no pueden consumir alcohol— ha impulsado el mercado informal y sin control sanitario, como se evidenció en la pandemia.
Jiménez estimó que reducir la ley seca permitiría recuperar entre USD 8 y 10 millones por jornada electoral, promover el consumo responsable en establecimientos formales y frenar el contrabando, sin interferir en el desarrollo del proceso democrático. (I)
