BALZAR, Guayas
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió la comparecencia de la concejala Lizeth Hurtado, quien denunció los impactos de atentados químicos en escuelas del cantón. También participó el delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, para exponer las acciones institucionales frente a esta problemática.
Durante su intervención, Hurtado detalló que los ataques afectaron gravemente la salud y el bienestar de estudiantes y personal educativo, sin que hasta ahora se identifiquen los responsables. La vicealcaldesa Dolores Cabrera informó que los niños afectados recibieron atención inmediata en el hospital de Balzar, con apoyo logístico del gobierno provincial y coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Defensoría Pública
Cabrera destacó además la asistencia psicológica brindada por la Defensoría Pública a las familias y solicitó la intervención de la Asamblea Nacional y ministerios competentes para garantizar seguridad y tranquilidad durante la celebración por los 122 años de cantonización.
Alfredo Cedeño, de la Comisión de Educación de Balzar, criticó la falta de respuestas de la Fiscalía ante los primeros ataques y denunció la ausencia de informes oficiales o avances investigativos, lo que deja a las familias en estado de indefensión. Ante esta situación, los concejales financiaron la instalación de cámaras de seguridad en 17 escuelas, mientras que la suspensión de actividades culturales y cívicas mantiene a miles de estudiantes en situación de riesgo.
El delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, recordó que se registraron ocho atentados, cinco en 2024 y tres en 2025, y advirtió que además de los estudiantes, docentes y personal administrativo enfrentan amenazas, presuntamente vinculadas al crimen organizado. La Defensoría ha solicitado información a la Fiscalía, Ministerios de Educación, Salud y Gobierno, y Gobernación, y exigió medidas urgentes para proteger la educación y la seguridad de los menores.
La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, enfatizó que “ningún niño que nace en Ecuador en condiciones de pobreza debe ser condenado a morir en un hospital público por la crisis de salud”. Por ello, solicitó autorización para remitir oficios a organismos internacionales que protegen los derechos de la niñez, advirtiendo que los recientes ataques confirman que las infancias del país están en grave riesgo. (I)
