QUITO, Pichincha
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niñas y Adolescentes recomendó iniciar un proceso de juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República. La decisiñon se tomó ayer viernes.
La decisión de la Comisión se da dos meses después del caso de los cuatro niños de Guayaquil, por el cual son procesados 16 militares.
El documento determina que el funcionario ha incurrido en acciones que van en contra de las atribuciones y obligaciones, determinadas en el artículo 10 de la Ley de Defensa Nacional.
Y responsabiliza al Secretario de Estado de «no garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber».
Grave interferencia
Asimismo, el informe subraya una «grave interferencia» en el sistema judicial, al señalar que Loffredo actuó de manera autoritaria al dirigir amenazas a una jueza que decidió sobre la desaparición forzada de los cuatro niños, cuyos restos fueron hallados calcinados en la zona de Taura.
La moción la presentó el legislador Maurchell Vallejo, que fue aprobada con siete votos favorables.
Previo a esta decisión, la presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa recordó que dentro del trabajo de los comisionados se requirió la comparecencia de varias autoridades de Estado relacionadas con el caso.
En el informe se detalla un minucioso recuento de los hechos en torno al caso, desde el 8 de diciembre del 2024, fecha de la desaparición de los cuatro menores de edad, hasta el 6 de enero del 2025, día en que el Ministro de Defensa, mediante cadena nacional, pide disculpas públicas por la muerte de los mismos.
Violaciones a los derechos humanos
Además, se concluye que existen acciones contrarias a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Defensa Nacional; “lo ocurrido no es un hecho aislado, sino que corresponden a reiteradas violaciones a los derechos humanos, en las que estarían involucrados personal militar; falta de una política pública transversalizada en derechos humanos; desconocimiento de los procedimientos y protocolos frente a posibles violaciones de derechos humanos”.
El expediente también recomienda que los ministerios de Defensa; Interior; Derechos Humanos; e, Inclusión Económica; la Defensoría del Pueblo; Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, Policía Nacional, adopten medidas preventivas y correctivas, para cumplir con su obligación de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y evitar la repetición de estos hechos. (I)
