QUITO, Pichincha
Con siete votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recomendó el allanamiento a la objeción parcial presentada por el presidente Daniel Noboa Azín al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
El informe no vinculante respalda las observaciones del Ejecutivo sobre dos puntos clave del proyecto: el cumplimiento de políticas públicas por parte de las empresas públicas del sector y el mecanismo para ejecutar proyectos destinados a reducir la brecha digital.
Objeciones del Ejecutivo apuntan a control y equidad
La primera objeción plantea que las empresas públicas de telecomunicaciones deben sujetarse a las directrices del ente rector del sector, así como a la normativa emitida por la entidad encargada de regular y controlar los servicios.
La segunda se enfoca en el artículo 91 de la ley vigente, reformado en el proyecto, que establece que los proyectos destinados a cerrar la brecha digital deberán ejecutarse conforme a un reglamento general, cuya elaboración recae en el Ejecutivo.
Visiones desde el Legislativo
Durante la sesión, el asambleísta Diego Franco valoró las objeciones como una propuesta complementaria que fortalece la visión del Legislativo. A su criterio, el texto garantiza el acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios de conectividad, un objetivo crucial para lograr una transformación digital del Estado y cerrar brechas entre territorios.
Por su parte, la legisladora Mishel Mancheno detalló que el informe incluye un análisis jurídico y técnico sobre los artículos 1 y 3 del proyecto, que modifican los artículos 39 y 91 de la ley, respectivamente. Destacó que las propuestas del presidente Noboa consolidan el rol rector del Estado, además de fortalecer los instrumentos de fiscalización y planificación de proyectos.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, será la encargada de presentar este informe ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Aunque el informe aprobado no tiene carácter vinculante, servirá como insumo para la decisión que deberá tomar el pleno legislativo sobre si acepta o no las objeciones presidenciales. De ser acogidas, las reformas quedarían aprobadas en los términos observados por el Ejecutivo. (I)
