QUITO, Pichincha
La denuncia que presentó el asambleísta Bruno Segovia, en contra de la legisladora Guadalupe Llori, por una supuesta gestión de cargos públicos, fue tratada ayer por el Comité de Ética.
Fue durante la primera audiencia para la práctica de pruebas de cargo y de descargo en la sustanciación de la denuncia presentada por Segovia, en contra de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori
A la audiencia del Comité de Ética, estuvieron convocados 14 testigos, de los cuales se presentaron José Angulo, Ulbio Zevallos, José Freile, Hernán Arellano, Luz Ortega, Hernán Quiñónez y César Bosmediano.
Los comparecientes
Los comparecientes respondieron las inquietudes de Bruno Segovia, quien les preguntó si tenían conocimiento de la gestión de cargos públicos ejercida por la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, si conocen a las personas que resultaron beneficiadas por esa gestión y si existe una relación política de los involucrados, entre otros cuestionamientos.
Los comparecientes señalaron que sí conocen a la legisladora Llori y a las personas beneficiadas que se menciona en la denuncia y que tienen conocimiento de las influencias de la legisladora en el Gobierno Nacional para que se otorguen cargos públicos, tanto en la Prefectura de Orellana, , Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otras entidades públicas.
José Angulo denunció que junto a su familia ha sido víctima de persecución y acoso por redes sociales, por presentar denuncias ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y la Fiscalía por tráfico de influencias ejercido por la denunciada.
Sigue la influencia de Llori
Luz Ortega, Hernán Quiñónez y César Bosmediano indicaron que hasta el momento todo cargo público en Orellana está influenciado por Guadalupe Llori y su tienda política.
Dijeron que, a pesar de ser del mismo partido político que el presidente Lasso, su gente se siente traicionada, ya que ha entregado las instituciones públicas a la expresidenta de la Asamblea, dejándolos sin trabajo a los compañeros de la organización.
En respuesta, el defensor de la acusada, Julio César Sarango, consultó a los comparecientes si conocían a la autoridad que había nominado los cargos públicos.
Sarango obtuvo, en su mayoría, respuestas negativas. Frente a esto, argumentó que los testigos mantienen una animadversión en contra de su defendida, por lo que sus testimonios no deben ser considerados por el comité.
Solicitó que se anule la comparecencia de uno de los testigos, Tomás Zevallos, por no gozar de derechos civiles, ya que se encuentra en un proceso judicial que le inhabilita. (I)
