NAPO, Tena
La oposición a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona (Napo) alcanzó su séptimo día el pasado 9 de diciembre de 2024, con bloqueos en las principales carreteras que conectan con Pichincha, Orellana y Pastaza.
El Vicariato Apostólico de la Iglesia Católica en Napo se sumó a las demandas de la comunidad, solicitando al Gobierno de Daniel Noboa realizar una consulta previa e informada. «Es fundamental evaluar el nivel de aceptación de los cantones afectados», afirmó en un comunicado.
La obra, valorada en USD 52 millones, ha desatado rechazo por su impacto en el turismo, sector que genera más de USD 20 millones anuales y emplea directamente a 5.000 personas en Napo. «Esta cárcel sería un golpe devastador para la economía de miles de familias», alertó Leonidas Iza, presidente de la CONAIE.
Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari, señaló que las movilizaciones podrían intensificarse si el Gobierno no detiene el proceso de adjudicación. «No aceptamos que se priorice una cárcel sobre necesidades urgentes como salud e infraestructura», afirmó.
Entre las exigencias de la CONAIE destacan:
- Suspensión inmediata del proceso de contratación relacionado con el proyecto.
- Realización de una consulta previa como estipula la Constitución.
- Una evaluación de impacto integral, con participación de las comunidades, para redirigir recursos hacia proyectos productivos.
El próximo viernes 13 de diciembre, la CONAIE organizará el Encuentro Nacional de Autoridades y Gobiernos Comunitarios en Quito, donde se definirán estrategias de autogobierno frente a decisiones estatales que consideran lesivas para sus territorios.
La construcción de esta cárcel en Archidona revela un conflicto profundo entre el desarrollo impulsado por el Estado y las prioridades de las comunidades locales. ¿Es posible avanzar en proyectos de infraestructura sin sacrificar la autonomía y el bienestar económico de las regiones afectadas? (I)
