QUITO, Pichincha
Los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNAH) defendieron el martes 8 de julio de 2025 el Proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, calificó la normativa como una herramienta de reparación histórica para los pueblos indígenas, afros y montubios. “No es un simple trámite, sino el reconocimiento a un derecho colectivo amparado por convenios internacionales y la Constitución ecuatoriana”, expresó. Además, sostuvo que la ley permitirá frenar políticas extractivas impuestas sin consenso y fortalecerá la defensa del agua, los territorios ancestrales y la soberanía alimentaria.
“El proyecto es más que un documento legal; es la exigencia de justicia de los pueblos originarios. Representa un principio democrático que garantiza participación real, no simbólica”, recalcó Iza, al exigir que la Asamblea elimine cualquier obstáculo legal o político que impida la vigencia de este derecho.
FEPNAH
Desde Zamora Chinchipe, Washington Tiwi, presidente de la FEPNAH, también respaldó la propuesta legislativa y pidió descolonizar el pensamiento estatal para construir un texto con enfoque participativo y territorial. Advirtió que en su provincia, el 68 % del territorio está bajo concesiones mineras y denunció que muchas de estas operan sin control ni consulta previa, agravando conflictos ambientales y sociales.
“La ley permitirá destrabar múltiples conflictos que enfrentamos a diario. Es urgente incluir artículos sobre remediación y reparación colectiva”, señaló Tiwi, quien insistió en que esta normativa debe reconocer al Ecuador como Estado plurinacional y garantizar el ejercicio real de derechos colectivos.
Durante la sesión, varios legisladores plantearon interrogantes sobre la aplicación práctica del mecanismo de consulta previa: ¿quiénes deben ser consultados?, ¿qué actividades requieren consulta?, ¿cómo incluir a sectores no indígenas? y ¿cómo frenar el avance de industrias extractivas que vulneran los derechos de las comunidades?
El asambleísta Fernando Cedeño remarcó la importancia de armonizar esta ley con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y con el artículo 57 de la Constitución, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en caso de afectación a su territorio.
La propuesta sigue en análisis dentro de la Comisión, pero ya marca un hito en la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos colectivos y la construcción de una democracia intercultural en el país. (I)
