COCA, Francisco de Orellana
La concesión del campo Sacha no prosperó luego de que el consorcio chino-canadiense Sinopetrol no entregara los USD 1.500 millones exigidos por el presidente Daniel Noboa dentro del plazo establecido.
El ultimátum venció a las 21:00 del 11 de marzo de 2025, momento en el que Sinopetrol debía transferir el anticipo requerido para la adjudicación directa del campo petrolero. «Tal como lo indicó el presidente Noboa, si no se cumplían los plazos, la negociación se cerraría, y así ha ocurrido», informaron fuentes gubernamentales a PRIMICIAS.
Más temprano, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, liderada por el correísmo, emitió un comunicado exhortando a derogar la concesión, argumentando que Sinopetrol no había realizado el pago acordado.
Sinopetrol pidió más tiempo
El 5 de marzo, Noboa fijó el plazo mediante una carta pública, advirtiendo que sin el anticipo no firmaría el contrato de delegación por 20 años. Un día antes del vencimiento, Ramiro Páez, apoderado legal de Petrolia es la empresa con el 40% de Sinopetrol, reconoció en Teleamazonas que reunir el monto en solo una semana era «apremiante».
Amodaimi, filial de la gigante china Sinopec, controla el 60% restante del consorcio y debía aportar USD 900 millones, mientras que Petrolia debía entregar USD 600 millones.
Inversiones y polémicas
Petroecuador invirtió USD 1.743,8 millones en Sacha entre 2013 y 2023, un promedio anual de USD 158,5 millones. En 2024, destinó USD 160 millones. El consorcio Sinopetrol, en cambio, proyectaba una inversión de USD 1.750 millones en 20 años, equivalente a USD 87.5 millones anuales, con un 80% ejecutado en los primeros cinco años para aumentar la producción de 77.000 a 100.000 barriles diarios.
La concesión directa sin concurso público generó críticas de movimientos sociales y petroleros. Actualmente, el Estado recibe el 100% de la producción; con la concesión, solo obtendría el 18%, mientras que el consorcio manejaría el 82%. Además, el cálculo del petróleo cedido no se haría solo sobre el incremento de producción, sino sobre el total extraído.
Ramiro Páez defendió los términos del contrato, argumentando que siguen el Reglamento Codificado de la Ley de Hidrocarburos aprobado por el expresidente Guillermo Lasso en 2022. También destacó que la participación estatal aumentaría con el precio del crudo, oscilando entre el 15% (a USD 30 por barril) y el 26% (a USD 120 por barril).
Según Páez, considerando un precio de USD 66 por barril, el Estado habría recibido USD 10.600 millones en 20 años (USD 530 millones anuales) en impuestos y utilidades. Sin embargo, trabajadores petroleros de la ANTEP señalaron que actualmente Sacha genera USD 1.700 millones anuales en renta neta para el Estado. (I)
