QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio este miércoles por terminado el periodo de prueba para sustanciar el juicio político de censura contra el presidente Guillermo Lasso, acusado por la oposición de peculado (malversación).
La presidenta en funciones de la Comisión de Fiscalización, María Belén Cordero (CREO), puso fin a diez días de comparecencias, sobre todo de funcionarios y exautoridades que han defendido la inocencia del mandatario.
Justamente, en el último día de comparecencias debía presentarse el presidente Lasso, que delegó para que lo represente a su abogado defensor, Edgar Neira.
El final del periodo de pruebas estuvo marcado por la polémica, pues no se dio paso a la comparecencia de un exfuncionario considerado importante para los acusadores y quien había pedido que se lo recibiese a último momento.
Se trató de Johnny Estupiñán, un exgerente de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), empresa pública envuelta en un escándalo de supuesta corrupción por un contrato con la firma privada Amazonas Tanker, y cuya denuncia ha salpicado al propio presidente Lasso, quien ha ratificado su inocencia.
Otra acusación de Mireya Pazmiño
También la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las acusadoras e interpelantes en el juicio político contra Lasso, presentó este mismo miércoles a la Fiscalía del Estado una denuncia por supuesto peculado o malversación contra el mandatario.
Pazmiño, tras hacer la denuncia formal, dijo que esa dependencia tendrá que hacer todas las pesquisas que considere pertinentes en el marco de la instrucción.
Viviana Veloz, otra de las interpelantes, consideró necesario el juicio político contra el gobernante por las «estructuras de corrupción en las empresas públicas» como Flopec.
Además, aseguró que el proceso no se da solamente por el delito de malversación, sino por la inseguridad, la oleada de asesinatos y delitos, el alto desempleo y la precariedad laboral, entre otras causas.
La independiente Vanessa Freire, afín al oficialismo, aseguró en cambio que durante el periodo de pruebas no se ha demostrado que el presidente Lasso haya cometido el delito de malversación y que, por tanto, no hay causas para el juicio político.
«Lo único que se ha comprobado es que no hay causal, no hay peculado», remarcó Freire.
Tras concluir la etapa de pruebas, una unidad técnica de la Comisión de Fiscalización tendrá un plazo de diez días para elaborar el informe final no vinculante que recomendará o no la continuidad del juicio político.
El informe en 10 días
Esa unidad técnica debe presentar hasta el 6 de mayo el informe a dicha Comisión, integrada por nueve legisladores, quienes deben aprobar el contenido del informe con el voto de al menos cinco miembros.
Luego, el informe será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien debe distribuirlo entre los 137 legisladores.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización recordó que el informe -cualquiera que sea su recomendación- no es vinculante para el pleno de la Asamblea, que puede incluso no acoger el texto.
Si el juicio político prospera, el pleno de la Asamblea Nacional podrá aprobar la censura del mandatario, sólo si suma al menos 92 votos de asambleístas.
La oposición, que lleva adelante la denuncia contra Lasso, ha afirmado que tiene los votos suficientes para la censura, mientras que el oficialismo confía en que el mandatario permanecerá en el cargo hasta que termine su mandato en mayo de 2025. (I)
