QUITO, Pichincha
El constitucionalista Julio Verduga Silva instó a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana a debatir con mayor profundidad la propuesta que reduce a seis meses el plazo para interponer una acción de protección desde la supuesta vulneración de derechos, contenido en el artículo 39 del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Verduga advirtió que, aunque existe un uso excesivo de garantías constitucionales, imponer un límite temporal no resolverá ese abuso y requiere un análisis doctrinal y jurisprudencial más amplio. Citó como referencia que Perú (acción de amparo) y Colombia (acción de tutela) no aplican restricciones temporales semejantes y recordó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que respaldan excepciones al acotamiento temporal.
El experto propuso además ajustes puntuales a artículos vinculados con la acción de incumplimiento, la legitimación activa y el incumplimiento de sentencias: artículos 18, 19 y 20, entre otros. En contraste, recomendó mantener tal cual varios cuerpos normativos previstos en la iniciativa —artículos 17, 21, 22, 23 y 24—, que tratan temas como la improcedencia de la consulta de normas y la regulación sobre reemplazos o ceses anticipados de juezas y jueces de la Corte Constitucional.
La Comisión prosigue la recepción de observaciones técnicas y jurídicas para enriquecer el texto que llegará al Pleno en segundo debate y aseguró que analizará las propuestas de modificación en función del interés superior de la justicia constitucional. (I)
