QUITO, Pichincha
En la Comisión de Fiscalización y Control Político, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, destacó los avances en la supervisión patrimonial de jueces, fiscales y operadores judiciales desde el inicio de su gestión el 29 de noviembre de 2023. Hasta la fecha, la Contraloría ha aprobado 110 informes especiales sobre declaraciones patrimoniales, de los cuales 59 presentan indicios claros de responsabilidad penal.
Torres enfatizó que la entidad ha reforzado el control patrimonial como herramienta fundamental para combatir la corrupción en el sector público. Señaló que su enfoque prioriza el acompañamiento y asesoría a las instituciones mediante unidades de auditoría interna, con el objetivo de prevenir actos ilícitos antes que sancionarlos.
En particular, en el sector judicial existen 36 informes en curso que investigan presunto enriquecimiento ilícito. Además, durante el segundo semestre de 2025, la Contraloría inició seis nuevas investigaciones relacionadas con declaraciones patrimoniales, un proceso distinto de las auditorías de gestión.
El contralor explicó que muchas inconsistencias detectadas provienen de ingresos inexplicables que superan un millón de dólares, sumas que no se justifican con los salarios regulares de los funcionarios públicos, lo que alimenta las sospechas de irregularidades que se investigan con rigor.
Mauricio Torres reiteró su compromiso inquebrantable con la transparencia y la ética, subrayando que la Contraloría continuará fortaleciendo sus mecanismos para erradicar la corrupción en todas las instituciones del país. (I)
