QUITO, Pichincha
La Contraloría General del Estado reveló un perjuicio económico de USD 8,9 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), tras analizar la contratación de servicios de asesoría legal y patrocinio. Este informe, aprobado el 30 de diciembre de 2024 y divulgado el 8 de enero de 2025, examinó los contratos celebrados entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024.
El examen especial determinó que el contratista incumplió con la entrega de productos estipulados en el acuerdo. Además, en una de las 59 acreencias revisadas, no presentó documentación que justificara acciones realizadas ante entidades como la Superintendencia de Compañías, el Banco Central y la Procuraduría General del Estado.
Entre las anomalías destacan fallos en la reasignación de cuentas y errores en el registro contable de títulos valores, relacionados con operaciones bursátiles que involucraron Bonos del Estado. Estas inconsistencias derivaron en un perjuicio económico millonario, reflejado en pagos realizados al proveedor sin un adecuado sustento.
La Contraloría también cuestionó la falta de controles en el ISSPOL para prevenir estas pérdidas y exigió que las autoridades pertinentes tomen medidas inmediatas para responsabilizar a los involucrados.
Este caso se suma a una serie de escándalos que han salpicado al ISSPOL en los últimos años, marcados por manejos irregulares de sus inversiones y una débil fiscalización interna. ¿Podrá el ISSPOL recuperar los fondos perdidos y garantizar una administración más transparente en el futuro? (I)
