CATAMAYO, Loja
La Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal y recomendó responsabilidades administrativas por USD 131.830,00 y civiles por USD 14’552.832,26 en el proceso de la repotenciación de la Termoeléctrica Catamayo, en los procesos de contratación, ejecución, pagos y supervisión.
Técnicos de la Contraloría se evaluaron los procesos de contratación, ejecución, pagos y supervisión para la repotenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2025.
Y aprobaron el informe de auditoría No. DNA4-SEyEP-0027-2025, correspondiente al examen especial realizado a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA),
El informe determinó que la declaratoria de emergencia utilizada para aplicar el modelo de contratación por Índice de Precios al Consumidor (IPC) no contó con sustento ni justificación técnica.
La auditoría estableció que no existieron diseños ni ingeniería básica o conceptual, tampoco gestiones formales para el abastecimiento del combustible HFO6, ni se cumplieron los criterios de una emergencia concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.
Los hallazgos
Entre los principales hallazgos, la Contraloría señaló que la oferta presentada por la contratista no cumplió con las especificaciones técnicas, incluyendo el voltaje de salida del generador.
Además, se ofertaron grupos electrógenos basados en motores EMD que no cuentan con repuestos ni garantía técnica del fabricante y que no están diseñados para operar con combustible HFO6.
A esto se suma que la oferta económica fue negociada antes de la presentación formal de la propuesta técnica y por un valor superior al determinado en los informes técnicos y de mercado.
Incumplimientos
La auditoría también evidenció incumplimientos contractuales relacionados con los plazos de ejecución, prórrogas sin sustento técnico, falta de coordinación para el pago del anticipo y ausencia de mecanismos de control y seguimiento.
Asimismo, se determinó que no se verificó adecuadamente la condición y estado de los equipos en fábrica, lo que permitió el pago del 70 % del contrato sin certeza sobre la calidad, integridad y año de fabricación de los bienes adquiridos.
Otro de los hallazgos relevantes fue la falta de presentación de pólizas obligatorias, como seguros de responsabilidad civil, todo riesgo de montaje, seguro de vida y de vehículos, lo que dejó a la entidad sin cobertura frente a posibles siniestros.
En este contexto la contratista no se domicilió en el país ni cumplió con los trámites ante la Superintendencia de Compañías, afectando la garantía de la ejecución contractual.
En cuanto al proceso de contratación para la supervisión de la repotenciación, la Contraloría observó que el informe de necesidad y viabilidad careció de una justificación técnica que respalde la contratación externa, sin estudios comparativos ni análisis de la capacidad institucional de la EERSSA.
De igual forma, los términos de referencia y el estudio de mercado se elaboraron sin sustento técnico ni pluralidad de ofertas, basándose en una sola propuesta.
El informe reveló además que la comisión técnica recomendó la adjudicación a un consorcio que no cumplía con los requisitos de experiencia del personal, y cuya personería jurídica se constituyó el mismo día de la firma del contrato.
También se identificó la intervención de funcionarios sin delegación formal en las fases preparatoria y precontractual, así como inconsistencias en la modificación del objeto contractual y en los pagos realizados. (I)
