QUITO, Pichincha
La subcontralora de auditoría, Gabriela Sulca, en representación de la Contraloría General del Estado, anunció que para el presente ejercicio fiscal se planificaron 12 exámenes especiales y una auditoría específica enfocada en las asignaciones presupuestarias dirigidas a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Esta acción responde al proyecto de reforma a la Ley 047, que busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías generadas por la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
Sulca recordó que, previamente, la Contraloría realizó numerosos exámenes para supervisar la correcta aplicación de esta normativa: en Azuay se ejecutaron 27 auditorías a GAD municipales y 7 a parroquiales; en Cañar, 14 a municipios y 7 a parroquias; en Morona Santiago, 16 a municipios y 19 a parroquias; mientras que en Tungurahua se efectuaron 2 exámenes al GAD provincial y 19 a GAD municipales.
Comisión de Régimen Económico
La Comisión de Régimen Económico mantiene el análisis del proyecto de reforma a la Ley que regula las rentas derivadas de la venta de energía eléctrica en estas provincias. El objetivo es incorporar formalmente a Santo Domingo de los Tsáchilas en el régimen de regalías de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. El análisis culminará con la elaboración de un informe para su primer debate en la Asamblea Nacional.
Por otra parte, la mesa legislativa revisó la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que calificó para trámite el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con un enfoque preferente para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
El asambleísta Comps Córdova, promotor de la iniciativa, explicó que el proyecto se fundamenta en el artículo 250 de la Constitución, que reconoce dicha circunscripción especial, y busca facilitar la aplicación del artículo 41.3 de la “Ley Amazónica” en materia de contratación pública preferente.
Esta reforma legislativa pretende que, en todos los procesos de contratación pública dentro de esta región, se otorgue prioridad a las organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microempresas y emprendimientos locales o de residentes permanentes.
Finalmente, los comisionados decidieron unificar esta propuesta con otras iniciativas legislativas similares que se encuentran en trámite, para fortalecer su discusión y aplicación. (I)
