QUITO, Pichincha
La Contraloría General del Estado emitió un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la contratación de la empresa MétricasWeb, seleccionada para aplicar pruebas de confianza en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
El informe, con fecha del pasado 28 de octubre de 2024, llega más de dos meses después de que el Consejo de la Judicatura suspendiera el proceso de selección y solicitara a la Contraloría una auditoría especial debido a presuntas irregularidades en la contratación de la empresa.
Según la Contraloría, la adjudicación de MétricasWeb, realizada bajo un procedimiento de ínfima cuantía (por un monto inferior a USD 10.000), no cumplió con los criterios necesarios para contratar pruebas de competencias laborales y de integridad. Además, la selección se basó en un informe de necesidad y términos de referencia que, según el organismo de control, resultaron incompletos y presentaban observaciones.
Controlaría
La Contraloría también indicó que no se incluyeron características esenciales para el desarrollo del aplicativo web estipuladas en la metodología de evaluación de confianza. Asimismo, observó la falta de claridad en los valores y antivalores que debían evaluarse en los postulantes, y advirtió que no se demostró la consistencia de los criterios propuestos por el proveedor con los requisitos institucionales. Tampoco se establecieron parámetros de validez, confiabilidad, evaluación ni estandarización de las pruebas.
En respuesta, el organismo emitió dos recomendaciones de carácter formal que no implican la terminación del contrato, aunque podrían modificar algunos aspectos de este.
La reanudación del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional depende ahora de este informe y de la revisión de asuntos internos en la Judicatura. Es relevante recordar que, debido a estas pruebas de confianza, 35 postulantes fueron excluidos del concurso, entre ellos dos jueces actuales de la Corte Nacional que figuraban entre los mejor puntuados en la etapa de méritos.
Dado el impacto de estas pruebas en el proceso, cabe cuestionarse: ¿Están realmente alineadas las metodologías y criterios de selección con los principios de transparencia e imparcialidad que exige la ciudadanía? ¿O estas irregularidades reflejan un problema de fondo en los mecanismos de selección judicial? (I)
