QUITO, Pichincha
La Contraloría General del Estado estableció responsabilidades civiles por USD 4,5 millones y administrativas por USD 104.550 en la Empresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), tras aprobar, el 24 de diciembre de 2025, el informe de auditoría sobre un acuerdo comercial firmado el 27 de mayo de 2022.
El examen especial analizó el uso y la comercialización de la denominada Solución Tecnológica para la Gestión de Procesos Corporativos y de Cumplimiento, así como el destino de la plataforma adquirida por CNT, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025.
Según el informe, CNT suscribió el acuerdo sin justificar la demanda real de clientes gubernamentales y sin documentar adecuadamente la necesidad de utilizar los módulos de la solución tecnológica en sus procesos internos. La Contraloría también detectó que la empresa no sustentó de manera técnica, financiera ni jurídica las factibilidades del proyecto y omitió la factibilidad de Gestión de Facturación.
Modelos económicos
El equipo auditor advirtió, además, que los modelos económicos presentados no coincidieron con las cláusulas establecidas en el acuerdo comercial. Estas inconsistencias provocaron un perjuicio económico de USD 4,5 millones, sin incluir impuestos, debido a que CNT no comercializó la plataforma ni generó ingresos por la reventa de los módulos, ni tampoco los incorporó a sus procesos internos hasta la fecha de corte del examen.
El organismo de control señaló que la plataforma presentó deficiencias técnicas que comprometieron su confiabilidad operativa, al carecer de mecanismos de seguridad suficientes para mitigar vulnerabilidades informáticas. Asimismo, mantuvo un riesgo crítico de obsolescencia tecnológica.
El informe general también reveló que las licencias de software de la “Suite Ofimática Solución Tecnológica de Gestión de Procesos Corporativos y de Cumplimiento” y de la herramienta “PROXIMIT” se entregaron sin garantías. Pese a ello, CNT continuó con los pagos al proveedor, aun cuando la solución instalada en su centro de datos no aseguró un funcionamiento ininterrumpido, seguro y libre de errores, ni su sostenibilidad para uso y comercialización durante la vigencia del acuerdo.
Con este informe aprobado, la Contraloría notificará las responsabilidades determinadas y dará paso a las acciones correspondientes para el cobro de las glosas y la aplicación de sanciones administrativas. (I)
