CUENCA, Azuay
La Contraloría General del Estado defendió su imparcialidad y anunció acciones legales frente a lo que calificó como “intimidación pública” por parte del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tras el informe que detectó indicios de responsabilidad penal en la compra de un carro blindado.
El examen especial, aprobado la última semana, determinó multas administrativas por USD 63.550 relacionadas con procesos de contratación entre enero de 2020 y diciembre de 2024, además de observaciones por la adquisición del vehículo oficial. La entidad cuestionó la baja participación de oferentes en el proceso y el valor adicional del mantenimiento por diez meses, tasado en USD 4.669.
Zamora rechazó el informe y arremetió contra los auditores. En declaraciones públicas acusó a los funcionarios de “ineptitud” y aseguró que el control responde a “disposiciones políticas”. Incluso lanzó advertencias: “Yo tengo unas sorpresas grabadas”, afirmó, y defendió la compra del blindado argumentando respaldo ciudadano: “Casi 9 de cada 10 me apoyan”.
Ante esas expresiones, la Contraloría fijó postura. A través de un comunicado en X, señaló que iniciará acciones legales para salvaguardar la integridad de su personal y el respeto al marco jurídico, además de reiterar que su trabajo es técnico, imparcial y apegado a la Constitución. (I)
