QUITO, Pichincha
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) aseguró que los contratos firmados entre Petroecuador y las comercializadoras vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sí obligaban a ejercer control activo y permanente sobre las gasolineras afiliadas. Esa exigencia contractual, según la entidad, contradice la tesis de defensa del burgomaestre en el denominado caso Triple A.
Christian Puente, director ejecutivo encargado de la ARCH, sostuvo que la investigación técnica evidencia un presunto esquema sistemático de comercialización ilegal de combustibles subsidiados, con desvíos entre segmentos automotriz, industrial y naviero; ventas a consumidores finales inexistentes y registros de consumo materialmente imposibles. En entrevista con PRIMICIAS, rechazó que el proceso responda a motivaciones políticas.
La indagación calcula la comercialización irregular de 22,7 millones de galones de gasolina y diésel subsidiados. Una pericia financiera incorporada al expediente estima un perjuicio al Estado de hasta USD 94 millones. El proceso involucra a 22 procesados, entre personas naturales y seis jurídicas.
El juicio arrancará el 24 de diciembre de 2025. La Fiscalía anunció la presentación de más de 110 testigos y peritos, mientras que la ARCH y Petroecuador actuarán como acusadores particulares.
Lo que exigen los contratos
Puente exhibió cláusulas de los contratos suscritos por Petroecuador con Copedesa (segmento automotriz) y Corpalubri (segmento industrial), empresas vinculadas a Alvarez y su entorno. En el caso de Corpalubri, el propio alcalde firmó como representante legal. Los documentos establecen, entre otras obligaciones, que la comercializadora debe:
- Abastecer exclusivamente a distribuidores autorizados, registrados y debidamente catastrados.
- Verificar que su red no desvíe el combustible entregado por Petroecuador, dentro y fuera del país.
- Ejecutar ventas conforme a la normativa vigente del segmento asignado.
“Si la comercializadora no controla su red, se vuelve un intermediario pasivo e innecesario. La ley y el contrato exigen control”, afirmó Puente. Agregó que el margen que paga el Estado no remunera un despacho mecánico, sino la verificación y auditoría de las operaciones. A su criterio, si una empresa no puede controlar a sus afiliados, debe reducir su red o cambiar de actividad, porque la responsabilidad no desaparece.
La defensa del alcalde
Aquiles Alvarez insiste en que enfrenta una persecución política. Alega que las comercializadoras no administran ni poseen las estaciones afiliadas y que no pueden responder por operaciones en provincias distantes. Su defensa reconoce irregularidades en estaciones de servicio, pero sostiene que la responsabilidad por ventas al consumidor final recae en las gasolineras, no en la comercializadora que emite la orden de despacho. El alcalde también afirma que no vende combustible desde hace casi dos años y niega pruebas materiales que lo vinculen al desvío.
Desvíos, “ventas fantasmas” y consumos imposibles
La ARCH y la Fiscalía identificaron traslados ilegales de combustible entre comercializadoras, estaciones y segmentos. El mayor beneficio irregular, según la entidad, surgió al usar diésel subsidiado del segmento automotriz en actividades industriales y navieras, donde el precio es libre, con un diferencial superior a USD 1 por galón.
Los peritos también detectaron consumidores finales inexistentes y facturaciones sin placas, además de tanqueos imposibles. Un Chevrolet Cruze 2013 registró 145.115 galones entre agosto de 2022 y septiembre de 2024; habría necesitado 8,4 tanqueos diarios durante más de dos años. El caso apareció en una estación del Guayas operada por Fuelcorp, afiliada a Copedesa. Otro ejemplo involucra una Toyota Hilux 2012 a la que facturaron 40.458 galones de diésel, pese a ser a gasolina. Para la investigación, los vehículos funcionaron como pantallas administrativas para justificar salidas de combustible.
El caso nació en 2023, cuando la ARCH detectó comportamientos atípicos en 455 estaciones. Tras los análisis, la entidad confirmó irregularidades en 233, aplicó sanciones administrativas, restricciones de cupos y suspensiones. La agencia afirma que mantiene controles y auditorías permanentes y que solo en diciembre presentó cinco denuncias adicionales contra estaciones por hechos distintos al Triple A. (I)
