QUITO, Pichincha
Representantes del Consejo de la Judicatura, SNAI, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno y Policía Nacional se reunieron ayer con el objetivo de proponer un modelo de gestión de cooperación interinstitucional para fortalecer el sistema de justicia en materia de garantías penitenciarias.
En la mesa de trabajo institucional, convocada por la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, se analizaron los temas de cobertura, productividad, medios tecnológicos, transparencia, control disciplinario, capacitación y prevención.
Maldonado expuso las acciones realizadas para fortalecer el servicio de justicia en materia de Garantías Penitenciarias y destacó la vigencia de las boletas de excarcelación automatizadas, un importante logro de la institución que, en el marco de sus competencias, implementa acciones para fortalecer el servicio de justicia en la referida materia.
Por su parte, el vocal Juan José Morillo, reiteró el compromiso de la institución para ampliar la cobertura judicial en materia de Garantías Penitenciarias, la creación de unidades judiciales especializadas en este tema, demuestra que el Consejo de la Judicatura ha cumplido.
Se lograron importantes acuerdos, entre ellos, establecer un canal de comunicación directo y permanente entre el CJ y el SNAI dentro del marco de cooperación interinstitucional suscrito entre las dos entidades.
Trabajar para proponer un modelo de gestión ágil, automatizado y oportuno para el proceso de emisión y cumplimiento inmediato de boletas de excarcelación; para ello se conforma un equipo técnico interinstitucional y multidisciplinario.
La mesa liderada por María del Carmen Maldonado, el vocal Juan José Morillo y el director general de la institución, Heytel Moreno, contó además con la participación de representantes del Servicio Integral de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); la Defensoría Pública; el Ministerio de Gobierno; y la Policía Nacional.
Finalmente se analizó las soluciones referentes a medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva como el arresto domiciliario o uso de grillete y el impacto de las mismas en el servicio de seguridad ciudadana. (I)
