QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el martes 16 de diciembre devolver el proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación a la Comisión de Salud, tras los cuestionamientos planteados por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que exigió un análisis más amplio y ajustes de fondo al texto.
La sesión arrancó con retrasos y negociaciones políticas entre legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y el correísmo. La discusión, prevista para las 10:00, se dilató por cambios reiterados en el orden del día y diálogos directos entre el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, el titular de la comisión, Juan José Reyes (ADN), y el asambleísta correísta Jaime Estrada.
RC insistió en que el proyecto, tal como se encuentra, genera riesgos jurídicos y deportivos. El legislador Blasco Luna advirtió que la normativa podría comprometer la participación de Ecuador en competencias internacionales, mientras que Cecilia Baltazar alertó sobre una intervención estatal excesiva en federaciones y asociaciones, especialmente en el manejo del financiamiento.
El punto más sensible para el correísmo se concentra en el artículo 118, que regula a las empresas de pronósticos deportivos y permite que actividades vinculadas a casinos, casas de apuestas y juegos de azar operen bajo figuras privadas sin fines de lucro. Para RC, ese texto contradice la prohibición expresa aprobada en consulta popular y abre la puerta a esquemas similares a los casinos, vetados en el país.
Jaime Estrada
El asambleísta Jaime Estrada pidió eliminar ese inciso y recordó que la ciudadanía ya se pronunció contra los juegos de azar. A su criterio, la ley no puede introducir mecanismos indirectos que vulneren ese mandato popular.
Durante el debate, el correísta Luis Molina respaldó el retorno del proyecto a comisión y propuso fortalecer el financiamiento privado para ligas barriales y cantonales, además de ampliar el apoyo estatal al deporte adaptado para personas con discapacidad.
Ante las observaciones, Juan José Reyes solicitó formalmente que el texto vuelva a la Comisión de Salud para un nuevo análisis en un plazo de ocho días. Sin embargo, debido al receso legislativo que inicia el 22 de diciembre, el tratamiento del proyecto se reanudará recién a inicios de 2026.
La decisión evidencia las tensiones políticas alrededor de una ley clave para el sistema deportivo nacional y anticipa un nuevo pulso legislativo en el próximo periodo, con el tema de las apuestas deportivas como principal foco de controversia. (I)
