QUITO, Pichincha
La Corte Constitucional del Ecuador autorizó al presidente Daniel Noboa a continuar con el proceso para convocar a un referéndum que redefina las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión habilita al Ejecutivo a emitir el decreto correspondiente para consultar a la ciudadanía sobre un cambio clave en la designación de autoridades.
El organismo verificó, mediante un auto emitido el 16 de abril de 2026 y divulgado el 21 de abril, que el mandatario corrigió un error de forma señalado previamente. En específico, la Corte exigió que la propuesta incorpore el artículo 207 de la Constitución, que regula la naturaleza y atribuciones del Cpccs.
La iniciativa del Ejecutivo plantea eliminar la facultad del Cpccs de designar autoridades de control y transferir esa competencia a la Asamblea Nacional del Ecuador. El proyecto propone implementar procesos públicos con participación ciudadana, meritocracia y escrutinio, bajo supervisión legislativa.
La pregunta que se someterá a consulta plantea si la ciudadanía está de acuerdo con retirar esa atribución al Cpccs y encargarla a la Asamblea mediante una enmienda constitucional.
Consejo Nacional Electoral
En su resolución, la Corte también recordó al Ejecutivo y al Consejo Nacional Electoral que deben cumplir estrictamente las condiciones fijadas en el dictamen. Esta observación responde a que el Gobierno remitió inicialmente el texto al CNE y no directamente al tribunal, como correspondía.
El presidente envió la propuesta original en septiembre de 2025. En marzo de 2026, la Corte emitió un dictamen favorable condicionado a ajustes en el contenido. Tras las correcciones, el proceso avanzó a la fase de convocatoria.
De concretarse, el referéndum podría coincidir con las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2027, en las que también se elegirán nuevos consejeros del Cpccs.
El Cpccs, creado en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa, mantiene entre sus funciones la designación de autoridades como el Fiscal General, integrantes del Consejo de la Judicatura, del organismo electoral y superintendentes. La propuesta del Ejecutivo reabre el debate sobre el rol de esta institución en el sistema democrático ecuatoriano. (I)
