QUITO, Pichincha
Daniel Noboa renovó el estado de excepción el pasado 2 de diciembre, extendiendo la medida por 30 días en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. La Corte Constitucional respaldó esta decisión el 24 de diciembre, declarando su constitucionalidad por «grave conmoción interna».
El dictamen permite suspender derechos como la inviolabilidad de domicilio, correspondencia y libertad de tránsito para enfrentar el auge delictivo en el país. Sin embargo, la Corte recordó al Ejecutivo que los estados de excepción deben usarse solo en situaciones extremas y con justificación adecuada, instándolo a fortalecer las medidas ordinarias para combatir la violencia.
Además, ordenó a la Defensoría del Pueblo supervisar la implementación de la medida y recordó que los servidores públicos responderán por cualquier abuso cometido durante su aplicación, como lo estipula la Constitución.
El dictamen refleja un intento de equilibrar la lucha contra la inseguridad y el respeto a los derechos fundamentales. ¿Se logrará reducir el crimen sin comprometer las garantías constitucionales? (I)
