ESMERALDAS, Esmeraldas
La Corte Constitucional de Ecuador resolvió que, en las haciendas de la empresa japonesa Furukawa, se desarrolló una práctica equiparable a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba. Este caso, que motivó pronunciamientos internacionales como los de la ONU, culminó con la orden de indemnización para 342 víctimas y medidas de reparación integral.
El fallo, difundido el pasado 5 de diciembre de 2024, reconoció que hasta 2019 Furukawa explotó a personas en extrema vulnerabilidad. Estos trabajadores vivían en campamentos precarios dentro de las haciendas, sin servicios básicos como agua potable, electricidad, educación ni atención médica, mientras cultivaban abacá durante generaciones.
La Corte determinó que esta explotación no solo anuló la dignidad humana, sino que afectó especialmente a mujeres, niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables. En respuesta, la sentencia exige a Furukawa pagar montos compensatorios por daño material e inmaterial, realizar un acto público de disculpas y asumir responsabilidades específicas según la gravedad de cada caso.
Omisiones estatales
El fallo también criticó a varias instituciones públicas por su falta de acción. Antes de 2018, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud no adoptaron medidas preventivas pese a tener competencias para intervenir. Incluso las acciones emprendidas tras la denuncia pública en 2018 fueron calificadas como insuficientes.
Como reparación institucional, la Corte ordenó desarrollar una política pública para erradicar las causas estructurales que perpetúan la servidumbre de la gleba. Además, dispuso implementar reformas legales para evitar la impunidad corporativa y promover memoria histórica mediante documentales, expresiones artísticas y la declaración de un día conmemorativo para las víctimas de Furukawa.
El fallo no alcanzó unanimidad, pues los jueces Enrique Herrería y Teresa Nuques votaron en contra, mientras que las juezas Carmen Corral y Alejandra Cárdenas se excusaron de participar.
La sentencia de la Corte Constitucional es un hito en la lucha contra las formas modernas de esclavitud, al exigir reparación y justicia para las víctimas. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de protección estatal: ¿Qué mecanismos asegurarán que no se repitan estas prácticas en el futuro? ¿Las reformas propuestas serán suficientes para transformar las condiciones laborales en el campo ecuatoriano? (I)
