QUITO, Pichincha
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) reiteró su demanda de respeto hacia la independencia judicial en Ecuador el pasado 7 de enero de 2025. Este pronunciamiento surge tras las advertencias emitidas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, hacia la jueza Tanya Loor, quien declaró desaparición forzada la muerte de cuatro menores tras un operativo militar en Guayaquil.
En un comunicado, la Corte enfatizó que “un Estado de derecho se sostiene sobre una justicia independiente”. Rechazó cualquier intento de presionar a los jueces y calificó las amenazas y sanciones por decisiones legítimas como un ataque al debido proceso y la imparcialidad judicial.
Loffredo, en una cadena nacional, cuestionó la competencia de la jueza Loor para emitir dicha sentencia. Afirmó que esta ha generado persecución política contra las Fuerzas Armadas y prometió buscar sanciones para la magistrada, mientras ofrecía disculpas a las familias de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en Taura, en diciembre de 2024.
La jueza Nubia Vera denunció
El incidente con Loor no es aislado. El pasado 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera denunció presiones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, tras resolver a favor de la restitución de funciones de la vicepresidenta Verónica Abad. En respuesta, la Corte pidió una investigación transparente sobre estas presiones, aunque Godoy negó las acusaciones y denunció a Vera por supuestas calumnias.
La Corte también subrayó que la justicia debe permanecer al servicio de la ciudadanía, lejos de influencias políticas o militares. Los gremios judiciales y organizaciones de derechos humanos han respaldado la postura del alto tribunal, exigiendo garantías para el ejercicio independiente de la Función Judicial.
¿Puede un sistema judicial garantizar justicia sin independencia? Las recientes presiones hacia jueces reflejan un entorno de interferencias políticas que pone en riesgo los principios del Estado de derecho y el acceso a una justicia imparcial en Ecuador. (I)
