QUITO, Pichincha
Durante la sesión desarrollada la tarde y noche de ayer jueves, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió declarar la nulidad total de las resoluciones adoptadas por el Pleno del Consejo, desde la fecha de notificación de la Resolución Nro. RL-2021-2023-115 de la Asamblea Nacional, relativa a la destitución de Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, como consejeros, hasta el Auto de verificación del 23 de enero de 2023 de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, la presidenta del CPCCS, Gina Aguilar Ochoa, manifestó que la próxima semana se realizará la convocatoria al proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Resoluciones con vicios insubsanables
De acuerdo a lo aprobado por el Pleno, las resoluciones tomadas por los destituidos consejeros “adolecen de vicios insubsanables en su forma y fondo, en consecuencia dichos actos se extinguen y se consideran inexistentes en razón de legitimidad por lo dispuesto en la sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas (…) que declara la nulidad desde el momento de la calificación de la demanda, inadmitiéndola, causando efecto retroactivo por la necesidad de asegurar el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico, la transparencia, la seguridad jurídica, el debido proceso; y, el respeto a los derechos constitucionales”.
Votaron a favor de la moción la presidenta Gina Aguilar, el vicepresidente Teddy Tama y los consejeros Graciela Mora y Olindo Nastacuaz. Votaron en contra los consejeros Carlos Figueroa, Aland Molestina y Mónica Moreira.
La presidenta Gina Aguilar, dijo que esta decisión se ha tomado para darle tranquilidad al país y con el fin de retomar con transparencia los procesos de designación de autoridades y de representantes ciudadanos ante organismos estatales.
“A los medios de comunicación, pero especialmente a los ciudadanos y ciudadanas mandantes, estén seguros de que estamos trabajando con compromiso para levantar esta institución y devolvérsela a la ciudadanía, en lo que esperamos aportar en los dos meses que nos quedan”, sostuvo. Aguilar señaló que se ha actuado con respeto a la Constitución y las leyes porque es la única forma con la cual se puede asegurar transparencia, legalidad y continuidad de los procesos de designación de autoridades. (I)
