QUITO, Pichincha
Una investigación preliminar determinó que altos funcionarios del Ministerio de Energía “ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético”. En este hecho estaría involucrada la ahora exministra, Andrea Arrobo.
El Gobierno ya había anunciado la presentación de una denuncia en Fiscalía por el supuesto delito de sabotaje. Esto en relación a la crisis energética que enfrenta el país. Hoy se conoció que la denuncia implica la paralización de un servicio público.
En un comunicado emitido por el Ejecutivo se detalla que fue presentada en contra de 22 saboteadores. Se los acusa de hacer daño a todos los ecuatorianos afectando su desarrollo y productividad.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de paralización de un servicio público se configura cuando una persona «impida, entorpezca o paralice» la normal prestación de un servicio público. Se sanciona con una pena de uno a tres años de cárcel.
Además de la exministra Arroba, a quien el Presidente pidió la renuncia el martes, el Gobierno no ha mencionado los nombres de los otros presuntos responsables de la crisis actual.
Sobre la información ocultada
La investigación iniciada por la actual administración del Ministerio de Energía determinó de forma preliminar que se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética. Esto con “el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas”.
La información estaba relacionada con las condiciones críticas de los embalses Mazar y Paute, que registran un nivel de almacenamiento operativo de 0% en el primero y de 4% en el segundo.
Además, el caudal del en la central Coca Codo Sinclair registró un déficit del 40% en relación al promedio histórico. “El déficit energético que enfrentaría el país a partir del mes de abril se ubicaría entre los 22 y 27 giga vatios”. (I)
