Por Elio Ortega Icaza
El Ecuador cumple su tercera semana de paralización nacional y manifestaciones en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, que suspendió el subsidio al diésel.
Las cifras son un lamento nacional: un fallecido, decenas de detenidos bajo cargos de terrorismo, denuncias por cierre de carreteras y pérdidas económicas que se cuentan en millones.
El turismo, el comercio y el trabajo se consumen en un clima de incertidumbre. Más allá de quién tenga la razón, lo cierto es que el país entero pierde.
En medio de la agitación, conviene volver la mirada al artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce a la mediación y al arbitraje como mecanismos legítimos de solución de conflictos.
Este principio, propio de un Estado constitucional de derechos y justicia, no se agota en los estrados judiciales: es una filosofía de convivencia pacífica, una llamada a reemplazar la imposición por la persuasión, y la violencia por el entendimiento.
La Carta Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 28, proclama que toda persona tiene derecho a un orden social donde los derechos y libertades sean plenamente efectivos.
A su vez, el Pacto de San José de Costa Rica consagra, en sus artículos 23 y 24, la participación, la igualdad ante la ley y la justicia sin discriminación. En suma, el disenso es legítimo, pero nunca puede traducirse en anarquía ni represión.
La Corte Constitucional del Ecuador, en su Sentencia No. 11-18-CN/19, recordó que el diálogo es la expresión más alta de la democracia deliberativa, y que el uso de la fuerza, sea estatal o social, debe ser siempre el último recurso.
La Corte Nacional de Justicia, en igual sentido, ha precisado que el derecho a la protesta debe ejercerse dentro de los límites del respeto a los derechos ajenos, porque libertad sin responsabilidad se transforma en abuso.
En el pensamiento político, Norberto Bobbio, sostenía que “la democracia es el gobierno del diálogo, no de la imposición”, mientras que Jürgen Habermas, afirmaba que “la legitimidad del poder nace de la comunicación racional entre los ciudadanos”.
Ambas ideas confluyen en una verdad: sin palabra compartida, no hay nación posible. No conviene la tozudez de nadie. “Nadie”, dice la Real Academia Española, significa ninguna persona. La terquedad, venga del poder o de las calles, solo agrava la herida de un país que clama por esperanza.
La Iglesia y diversas instituciones han abierto caminos de entendimiento: sería un error histórico no transitar por ellos. Hay que hablar, hay que escuchar, hay que discutir; porque discutir, como enseñaba Sócrates, es filosofar, y filosofar es buscar la verdad. Esa verdad no es patrimonio de un sector ni de un gobierno: es el punto de encuentro que el Ecuador necesita para reconciliarse consigo mismo.
Desde esta tribuna de la razón y el Derecho, invoco a las partes enfrentadas a fijar una agenda de diálogo seria, con temas concretos y compromisos verificables. Que los acuerdos no sean solo lirismo político ni discursos vacíos de ocasión. Basta de pan y circo. Es tiempo de reconstruir el Ecuador con respeto, con justicia y con palabra. Solo así podremos levantarnos como un país que no teme dialogar, porque sabe que, en el diálogo, y solo en él, habita la paz. (O)
