GUAYAQUIL, Guayas
Cuatrocientos heridos, 14 muertos y un perjuicio superior a los dos millones de dólares, es el resultado de la inseguridad que soportan los gremios de camarón, banano, cacao y plátano en lo que va el 2023 debido a la delincuencia. Lo informó hoy, en Guayaquil José Antonio Campozano, presidente del Directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (CORDEX) y presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Dijo que las cifras se han duplicado y hasta triplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado, sin contar los eventos delictivos que no se denuncian y que los gremios forman parte de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador que representa el 75% de las exportaciones, no petroleras y no mineras.
“En estos 110 días del 2023, la inseguridad constituye uno de los mayores problemas que amenazan gravemente a los sectores productivos”, señaló Campozano, tras afirmar que a diario se registran nuevas víctimas de asaltos a mano armada, extorsiones, secuestros e incursiones a predios.
Los hechos en su mayoría no son denunciados por temor a represalias y porque se ha perdido la confianza en la justicia para sancionar a los delincuentes.
Gasto en sistemas de seguridad
Indicó que cada año el sector privado invierte más de 200 millones de dólares en sistemas de seguridad mediante la implementación de cámaras de video vigilancia, equipos de monitoreo, rastreo satelital, candados satelitales, escáneres, radios, contratación de guardias en turnos rotativos y custodias móviles armadas, entre otros rubros para intentar combatir la inseguridad; sin embargo, la situación está fuera de control.
Ante esta situación los representantes de los diferentes gremios, José Antonio Hidalgo, director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE); Merlyn Casanova, directora ejecutiva de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador (ANECACAO); Enrique Baquerizo, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), entre otros, plantearon al Estado ejecutar medidas de seguridad para contrarrestar a la delincuencia.
“Exigimos que el Estado, en su conjunto, actúe combatiendo la delincuencia de manera frontal controlando las zonas de alta peligrosidad que se tienen perfectamente identificadas”, explicó Campozano.
Y agregó que a este trabajo se lo debe acompañar de una correcta administración de justicia ya que no sirve de nada que la Policía capture a los delincuentes y la función judicial los absuelva, poniendo en riesgo a las víctimas que se atrevieron a denunciar. Ya no queremos más víctimas que lamentar”. (I)
