QUITO, Pichincha
El vocal Damián Larco continuará como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, luego de la renuncia definitiva y posterior destitución de Mario Godoy. El pleno resolvió que Larco mantenga la conducción institucional mientras avanza el proceso para designar a la autoridad titular.
La decisión se adoptó tras la censura política que ejecutó la Asamblea Nacional del Ecuador contra Godoy, quien enfrentó cuestionamientos por su gestión al frente del órgano disciplinario y administrativo de la Función Judicial. Con su salida, el organismo quedó sin titular y sin alterna habilitada.
Durante la sesión extraordinaria convocada el 18 de febrero, los vocales analizaron informes técnicos de Talento Humano, Asesoría Jurídica y Dirección General. Los documentos confirmaron que la vocal Alexandra Villacís mantiene un impedimento para ejercer cargos públicos, lo que le imposibilita asumir la presidencia.
Ante ese escenario, el vocal Alfredo Cuadro planteó formalmente que Larco continúe al frente del organismo. La moción recibió cuatro votos favorables, con lo que el pleno ratificó por unanimidad su permanencia en funciones.
Larco ya había ejercido la presidencia provisional durante ocho días previos, en medio de la incertidumbre institucional. En ese periodo lideró sesiones con resoluciones administrativas, sanciones disciplinarias y nombramientos internos, con el objetivo de garantizar la operatividad de la Función Judicial.
Paralelamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social activó el trámite para designar al vocal suplente que reemplazará a Godoy y, posteriormente, al presidente definitivo de la Judicatura. El 13 de febrero, el organismo conoció la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.
La lista la encabeza la jueza nacional Mercedes Caicedo. La completan el juez provincial Óscar Chamorro y la funcionaria María Morejón.
Mientras el CPCCS avanza en la selección, Larco deberá sostener la estabilidad administrativa en un momento clave para la justicia ecuatoriana, marcado por tensiones políticas y procesos disciplinarios de alto perfil. (I)
