QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa Azín dio un paso decisivo en su agenda de reformas, enviando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la propuesta final para una enmienda constitucional que busca reconfigurar la designación de autoridades en Ecuador.
La iniciativa, que ya cuenta con el aval de la Corte Constitucional para ser tramitada vía referéndum, propone eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para nombrar funcionarios, transfiriendo esta potestad a la Asamblea Nacional.
La propuesta de Noboa no es nueva. El 9 de septiembre de 2025, el mandatario solicitó a la Corte Constitucional un control previo de constitucionalidad sobre la modificación de artículos relacionados con la facultad del CPCCS para designar máximas autoridades.
CC emite dictámenes
Tras un análisis exhaustivo, la Corte emitió dos dictámenes clave. El 22 de enero de 2026, el dictamen 9-25-RC/26 confirmó que la vía de enmienda, establecida en el artículo 441.1 de la Constitución, es apta para la pregunta 4, que aborda la facultad de designación de autoridades del CPCCS.
Posteriormente, el 19 de marzo de 2026, la Corte Constitucional emitió el dictamen 9-25-RC/26A, que dio un dictamen favorable a la pregunta y sus considerandos introductorios.
Sin embargo, la Corte estableció una condición: el presidente de la República debe incluir la frase “del artículo 207 de la Constitución” después de “Elimínese la frase ‘, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley’” en el anexo que contiene los textos normativos propuestos. Esta corrección, de carácter formal, busca garantizar la claridad y lealtad hacia los electores.
El CPCCS bajo la Lupa
La propuesta de enmienda se fundamenta en una serie de consideraciones que cuestionan la eficacia y el rol actual del CPCCS. Según el documento presidencial, el CPCCS es una institución pública con la atribución de designar a 77 autoridades de control en el país, incluyendo altos funcionarios de las funciones Electoral, Judicial, de Transparencia y Control Social, Ejecutiva y órganos autónomos.
Sin embargo, el presidente Noboa destaca que el CPCCS tiene otras dos funciones: luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana y el control social.
El informe presentado señala que, de 142 millones de dólares gastados por el CPCCS desde 2009, el 96.94% se destinó a gastos administrativos.
Solo el 0.29% se invirtió en proyectos de promoción de participación ciudadana y un 0.00% en la lucha contra la corrupción. En 2024, el 85.56% del presupuesto del CPCCS se utilizó para el pago de nómina. (I)
