QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo N.º 191, mediante el cual expidió el Reglamento de la Ley de Transparencia Social, normativa que busca prevenir y detectar flujos económicos ilícitos en el manejo financiero de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país.
La Ley de Transparencia Social, vigente desde agosto de 2025, reemplaza a la antigua Ley de Fundaciones y fue presentada por el Ejecutivo como proyecto económico urgente ante la Asamblea Nacional. Según Noboa, la regulación anterior permitió espacios que facilitaban lavado de activos, financiamiento del terrorismo o evasión fiscal, desviando recursos destinados al bienestar social.
El nuevo reglamento, que consta de 58 páginas, establece los lineamientos para el funcionamiento de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL), entre las que se incluyen fundaciones, corporaciones y ONG, tanto nacionales como extranjeras. Además, deroga el reglamento anterior emitido el 23 de octubre de 2017 sobre la personalidad jurídica de las organizaciones sociales.
Una de las disposiciones más relevantes del texto prohíbe que las organizaciones inviertan, de manera directa o indirecta, en actividades que obstaculicen proyectos mineros legalmente autorizados. En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) podrá suspender la personería jurídica de la organización por hasta cuatro años, sin perjuicio de otras sanciones administrativas o legales.
Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de transparencia, control financiero y responsabilidad social, promoviendo un marco regulatorio que garantice el uso adecuado de los recursos en beneficio del desarrollo nacional. (I)
