QUITO, Pichincha
María Aillón, fundadora de Women in Mining Ecuador, advirtió que el proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos podría generar un “caos regulatorio” y afectar la seguridad jurídica del sector minero legal en el país.
La dirigente, cuya organización impulsa la participación femenina en la minería formal, valoró como “loable” el propósito de proteger los páramos y los ecosistemas por la alta sensibilidad ambiental, pero pidió archivar la propuesta. Argumentó que el texto “crea un sistema de protección paralelo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), desconociendo lo dispuesto en el artículo 405 de la Constitución de la República”.
Aillón explicó que el SNAP constituye el mecanismo principal para resguardar áreas protegidas, mientras que el proyecto plantea una estructura alterna con lineamientos e institucionalidad propia. “Esto provocaría duplicidad normativa, conflictos de competencias y ahuyentaría la inversión extranjera en minería legal, técnicamente viable y responsable”, enfatizó.
Observaciones a la Ley de Cambio Climático
En la misma jornada, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales escuchó a René Bedón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana del Ecuador, quien presentó reparos al proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático.
Bedón recomendó que la normativa se alinee con el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como con los acuerdos de Kioto (1997) y París (2015). Señaló que la propuesta carece de definiciones técnicas sobre los efectos del cambio climático y de protocolos de respuesta que sí contemplan los instrumentos internacionales.
Además, pidió ajustar la terminología del articulado para evitar ambigüedades y garantizar compatibilidad con la legislación internacional. Informó que enviará por escrito cambios específicos para que la comisión los evalúe y, de ser el caso, los incorpore.
El asambleísta Fernando Jaramillo, presidente de la mesa legislativa, reiteró el compromiso de elaborar leyes que protejan el ambiente y respeten los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución. (I)
