QUITO, Pichincha
El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al juez especializado en corrupción y crimen organizado, Ángel Humberto Quito Santana, por haber incurrido en una infracción disciplinaria gravísima durante la tramitación de un caso de lavado de activos vinculado al escándalo Odebrecht.
Según la resolución emitida este miércoles, Quito Santana actuó con “manifiesta negligencia” al dictar medidas cautelares contra una empresa que no formaba parte del proceso judicial, lo que provocó la inmovilización de sus cuentas bancarias sin justificación legal.
El caso involucra únicamente a Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo, procesado por presunto lavado de activos dentro del entramado de corrupción de la constructora brasileña. Sin embargo, el juez ordenó el congelamiento de fondos de una firma ajena al expediente, sin motivación suficiente ni respaldo jurídico.
Consejo de la Judicatura
“La actuación del magistrado vulneró principios fundamentales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica”, informó el Consejo de la Judicatura en su comunicado oficial.
El órgano disciplinario ya había suspendido al juez Quito el pasado 3 de abril, tras detectar irregularidades en la adopción de medidas precautelares durante la instrucción fiscal. Tras la revisión integral del expediente, el Pleno del CJ resolvió destituirlo definitivamente de su cargo.
Con esta decisión, el juez se convierte en el primero de la Unidad Anticorrupción en ser cesado por faltas administrativas graves. Desde su conformación el 10 de diciembre de 2022, el Consejo designó a 14 jueces especializados en crimen organizado, lavado de activos y corrupción.
Sin embargo, los escándalos no han tardado en golpear a esta jurisdicción. Actualmente, otros cuatro jueces anticorrupción se encuentran suspendidos mientras enfrentan procesos disciplinarios internos.
Desde su nombramiento, Ángel Humberto Quito Santana manejó 331 causas judiciales en un periodo de 523 días, hasta su suspensión inicial. La Judicatura ha señalado que trabaja en la depuración del sistema judicial y en el fortalecimiento del control sobre sus operadores. (I)
