QUITO, Pichincha
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó tres resoluciones disciplinarias, hoy martes 26 de agosto de 2025: la destitución de un agente fiscal, la suspensión de un juez y una sanción económica a otro juez.
1. Fiscal destituido en Pichincha
El fiscal Alberto R., adscrito a la Unidad Especializada de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía provincial de Pichincha, fue destituido del cargo por incumplir graves obligaciones: no notificó a una víctima durante la investigación, fundamentó una solicitud de archivo en normativa inexistente e incluso habría filtrado información que podría favorecer o perjudicar a una de las partes en una investigación por estafa.
La Judicatura decidió, además, iniciar una investigación contra el secretario de Fiscalía, Denis M., por su rol en este procedimiento.
2. Suspensión sin sueldo para juez de Santa Elena
El juez Juan Carlos A., de la Unidad Judicial Penal de Santa Elena, fue suspendido por 30 días sin sueldo.
Se le atribuye haber faltado sin justificación a una audiencia convocada por él mismo, programada para las 09:00 del 25 de julio de 2024, incumpliendo los artículos 108.11 y 109.17 del Código Orgánico de la Función Judicial.
3. Multa del 10 % del salario para juez de Manabí
El juez Rubén B., de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pedernales (Manabí), recibió una sanción pecuniaria equivalente al 10% de su remuneración mensual.
La medida se adoptó tras comprobar un retraso injustificado (de aproximadamente siete meses) en la redacción de la sentencia de una acción de protección.
Este caso ya había sido objeto de una resolución disciplinaria el 5 de diciembre de 2024 y este martes se ratificó la sanción contra el juez.
Estas medidas se suman a una serie de acciones disciplinarias adoptadas por la Judicatura en los últimos meses. Por ejemplo, en marzo de 2025 fueron destituidos cuatro exdirectores provinciales del organismo por el archivo indebido de expedientes sin debido proceso (caso relacionado con el caso Purga.
El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, no ha descartado una posible declaración de emergencia para el sistema judicial en emergencia. (I)
