Por Elio Roberto Ortega Icaza
El Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, una medida que ha generado intenso debate en Ecuador. El galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, buscando ahorrar 1.100 millones al año y frenar beneficios que históricamente favorecían a los sectores de mayores ingresos.
Sin embargo, surge la pregunta: ¿este ajuste fiscal protege realmente a los más vulnerables o se convierte en un nuevo golpe a quienes menos tienen?
Para mitigar el impacto, el Ejecutivo implementó 18 medidas de compensación: bonos de 400 a 1.000 dólares para 23.300 conductores urbanos e interprovinciales; apoyo de tres meses para transporte comercial, escolar y turístico; y un plan de 150 millones de dólares que incluye chatarrización, créditos preferenciales y ayudas a pequeños agricultores.
Además, se ampliarán bonos sociales y se agilizará la devolución de impuestos a la tercera edad.
Desde el punto de vista constitucional, el artículo 11.2 de la Constitución de la República garantiza igualdad de derechos y oportunidades.
La eliminación del subsidio puede interpretarse como un intento de corregir una política regresiva, pero su éxito dependerá que las compensaciones lleguen efectivamente a los sectores vulnerables.
La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José respaldan el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y servicios básicos, recordando que toda política económica debe equilibrar sostenibilidad fiscal y justicia social. La reacción ciudadana es mixta.
Transportistas urbanos e interprovinciales celebran los bonos, mientras organizaciones sociales advierten que el alza golpea a los más pobres. Movilizaciones y protestas surgen en varias ciudades, evidenciando la tensión entre ajuste económico y bienestar social.
La medida de la eliminación del subsidio al diésel plantea reflexiones profundas: ¿puede un Estado lograr equilibrio fiscal sin afectar a los más vulnerables? ¿Son suficientes las compensaciones anunciadas para garantizar equidad?
El ajuste fiscal es necesario, pero su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para proteger los derechos fundamentales, generar confianza y mantener la estabilidad social y política del país.
¡Y el tiempo sigue su marcha…! (I)
