QUITO, Pichincha
Un tribunal de Ecuador difirió el miércoles 24 de diciembre de 2025 el inicio del juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras quince personas naturales, además de seis empresas, procesadas por un presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, debido a la ausencia de dos abogados defensores.
Tras cerca de dos horas de deliberación, los jueces aceptaron el pedido de los abogados ausentes, quienes presentaron certificados médicos y solicitaron que la diligencia se instale en enero. La Fiscalía y las defensas del resto de procesados respaldaron el planteamiento. El tribunal declaró fallida la audiencia para evitar futuras nulidades y garantizar el derecho a la defensa.
Caso ‘Triple A’
El proceso, conocido como caso ‘Triple A’, se inició en julio de 2024 luego de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. La entidad alertó sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados.
Según la investigación, estas operaciones habrían generado un perjuicio estimado en USD 61,5 millones, al vender combustibles en zonas fronterizas a precios del mercado internacional, sin aplicar los subsidios estatales. La Agencia también detectó supuestas inconsistencias administrativas en estaciones de servicio que habrían despachado más diésel del permitido según su capacidad de almacenamiento.
La Fiscalía atribuyó las presuntas irregularidades a los representantes legales de las empresas investigadas, entre ellos Álvarez, quien ejercía ese cargo antes de asumir la Alcaldía de Guayaquil en 2023, tras ganar las elecciones auspiciado por el correísmo.
A su llegada al Complejo Judicial Norte de Quito, donde decenas de simpatizantes le expresaron su respaldo, el alcalde calificó el proceso como una persecución política. “Estamos dando la cara. Ya no importa lo que yo diga, la gente sabe que esto es una persecución”, afirmó.
Inhabilitarlo políticamente
Álvarez, uno de los críticos más visibles del presidente Noboa, sostuvo que el objetivo del juicio busca inhabilitarlo políticamente. “Vamos a hacer oposición en un país donde no hay medicinas ni qué comer, pero sí se gastan millones en desprestigiar”, enfatizó.
El alcalde pidió a los jueces “resolver en derecho” y aseguró que demostrará su inocencia. Además, el tribunal autorizó que la audiencia se transmita por YouTube, a pedido de su defensa, para garantizar publicidad del proceso.
Los magistrados fijaron el 31 de enero de 2026 como nueva fecha para la instalación del juicio y ordenaron que los abogados ausentes presenten en un plazo de 72 horas los certificados médicos originales para verificar su autenticidad. (I)
