QUITO, Pichincha
Fiscalía inició una instrucción fiscal de noventa días contra doce personas por peculado, presuntamente cometido en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, en un proceso de contratación para la construcción y ampliación de muelles, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado de 3’900.000 dólares.
Entre los procesados se encuentran tres exgerentes de esa entidad, ocho funcionarios de la misma y el contratista.
La Institución inició –en marzo de 2022– una investigación a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, tras recibir una denuncia sobre las presuntas irregularidades en la contratación de una obra por parte de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, en 2019.
En el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó alrededor de setenta elementos de convicción, recabados en la investigación previa.
Pericia contable financiera
Entre los más importantes se incluyen: el informe de contratación pública, la pericia contable financiera, la certificación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Además, Fiscalía expuso documentos que establecerían la relación de los procesados como funcionarios públicos en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, cuando se habría cometimiento de la infracción.
El Fiscal explicó que en los pliegos del proceso de licitación –que sirvieron para la convocatoria del proceso de contratación de la obra por parte de la entidad contratante (Autoridad Portuaria de Esmeraldas) –, se convoca a participar a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que mantengan su domicilio fiscal en Ecuador.
No obstante, el registro del domicilio de la empresa ganadora se efectuó de manera posterior a las fechas de adjudicación y suscripción del contrato de la obra. Al igual que su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Por tanto, la Comisión Técnica que participó en la calificación de ofertas y los otros funcionarios procesados, habrían declarado como ganadora a una empresa sin haber cumplido lo establecido en los pliegos contractuales.
Los procesados se encuentran con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, esto es presentaciones periódicas y prohibición de salir del país.
Información jurídica:
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años. (I)
