QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche del 24 de junio de 2025 la controvertida Ley de Integridad Pública, que endurece las medidas contra extranjeros involucrados en delitos durante la vigencia del conflicto armado interno. Entre las reformas más severas figura la expulsión inmediata de foráneos con prisión preventiva, sin necesidad de una sentencia ejecutoriada, y la prohibición de retorno por 40 años.
La normativa, impulsada por el oficialismo y sus aliados, incorpora modificaciones a la Ley de Movilidad Humana y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Castillo, propuso incluir un nuevo numeral en el artículo 61 del COIP para acelerar la salida del país de extranjeros acusados de delitos, incluso si no han cumplido condena.
Según el nuevo texto legal, para que una persona sea deportada en este contexto deben cumplirse cuatro requisitos:
- Haber sido acusada por un delito que implique pena privativa de libertad.
- Tener orden de prisión preventiva.
- No se requiere sentencia ejecutoriada.
- No es necesario que haya cumplido la condena.
Reingreso será considerado un delito y una amenaza militar
Los extranjeros deportados en estas condiciones no podrán volver al país durante 40 años. Si lo hacen, cometerán el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Además, si persiste el conflicto armado interno, serán considerados objetivo militar, según la nueva legislación.
Antes de esta reforma, el COIP establecía la expulsión únicamente tras una sentencia firme y si la pena superaba los cinco años de prisión. Además, la prohibición de retorno era de 10 años. Durante el segundo debate, la Comisión de Desarrollo Económico había ampliado ese plazo a 15 años, pero el pleno lo extendió a 40 años sin mayor discusión.
Restricciones a derechos previos
En condiciones normales, la ley ecuatoriana evita la expulsión de extranjeros que hayan contraído matrimonio con ecuatorianos, tengan una unión de hecho o hijos en el país. Sin embargo, este beneficio queda anulado en casos de conflicto armado interno.
Reacciones y defensa oficialista
Durante su intervención el 25 de junio, Andrés Castillo defendió las reformas introducidas de última hora:
«No podemos seguir financiando a criminales extranjeros. Cero tolerancia al Tren de Aragua y a todas esas bandas internacionales que se quieren tomar el país», manifestó.
El 19 de junio, la Policía capturó a varios presuntos extorsionadores en Machala, muchos de ellos extranjeros, lo que refuerza el argumento del oficialismo sobre la urgencia de estas reformas.
Organismos internacionales, como Unicef, han criticado otras disposiciones de la Ley de Integridad Pública, particularmente las que permiten juzgar a adolescentes como adultos. Aun así, el Gobierno defiende el texto como una herramienta clave para recuperar el control del territorio ante el avance de estructuras criminales transnacionales. (I)
