QUITO, Pichincha
Las organizaciones que demandaron a Ecuador por presuntas violaciones cometidas contra los tagaeri y los taromenane, pueblos indígenas en aislamiento voluntario que viven dentro del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía del país, ven insuficiente el reconocimiento hecho por el Estado de que no investigó las muertes violentas acontecidas en 2003 y 2006.
“Es un paso positivo. Sin embargo, al ser parcial, es insuficiente”, aseguró ayer viernes en rueda de prensa el abogado Mario Melo, asesor legal de la Fundación Pachamama, una de las organizaciones promotoras de esta demanda, tratada el pasado martes en una audiencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En esa audiencia, el Estado ecuatoriano planteó una defensa conciliadora en busca de un acuerdo con la parte demandante, que de momento no ve las condiciones suficientes para pactar una solución.
“El Estado no abordó los temas de fondo que tienen que ver con las causas subyacentes de las masacres y con el entorno de violencia que se genera con actividades extractivas”, incidió Melo, quien intervino en la audiencia celebrada en Brasilia.
Ampliar la zona intangible no es una solución, lo que es una solución es que en aquellos lugares donde el propio Estado ha recogido información de presencia de pueblos en aislamiento, sean intangibles, remarcó.
La demanda acusa al Estado de ser el culpable de los violentos episodios de 2003, 2006 y otro posterior de 2013 por no resguardar debidamente el territorio amazónico por el que se mueven estos pueblos que prefieren voluntariamente vivir aislados de la sociedad actual y mantener su modo ancestral de vida.
De acuerdo a la demanda, esas muertes fueron consecuencia de las perturbaciones sufridas por los tagaeri y taromenane al ver disminuido su territorio ante la creciente presencia de actividades petroleras y de comunidades de colonos, lo que además amenaza su supervivencia al reducir sus opciones de caza.
En ese sentido, Melo señaló que la propuesta del Estado de ampliar la zona intangible donde habitan tanto la nacionalidad waorani como los tagaeri y taromenane «no es una solución», ya que ellos apuestan por declarar zona intangible a todo aquel espacio donde haya evidencia de pueblos en aislamiento. (I)
