Por MSc. Elio Roberto Ortega Icaza
La fuerza de la naturaleza muchas veces se manifiesta de forma inesperada, alterando el equilibrio de territorios y comunidades enteras. Así ocurre con el proceso de erosión regresiva del Río Coca, fenómeno que desde el año 2021 mantiene en permanente preocupación a las poblaciones de las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana.
Tras la desaparición de la emblemática Cascada de San Rafael en el año 2020, el comportamiento del río cambió de manera acelerada. Desde entonces, el cauce avanza erosionando sus riberas y provocando el colapso de extensas áreas de terreno que antes formaban parte de fincas productivas y asentamientos rurales.
Las consecuencias para las comunidades han sido profundas. Numerosas familias han visto desaparecer parte de sus tierras, mientras cultivos, cercas, caminos vecinales y viviendas resultan seriamente afectados.
Para quienes dependen del trabajo agrícola, la pérdida del suelo significa también la pérdida de su sustento y de la estabilidad económica de sus hogares.
Este fenómeno natural ha generado un clima de incertidumbre permanente. Los habitantes de sectores cercanos al río observan con preocupación cómo cada temporada de lluvias acelera el proceso de erosión.
El temor a nuevos deslizamientos y a la pérdida de más territorio se ha convertido en una realidad cotidiana para muchas comunidades amazónicas.
Frente a esta situación, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales han desplegado esfuerzos dentro de sus posibilidades.
Con recursos limitados, han intentado atender emergencias, evaluar riesgos y acompañar a las familias afectadas. Sin embargo, la dimensión del problema supera ampliamente las capacidades locales.
Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, resulta indispensable reflexionar sobre la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado ecuatoriano.
La erosión del río Coca no es únicamente un problema ambiental; es también un desafío social, económico y territorial que demanda planificación técnica, inversión en obras de mitigación y programas de apoyo para las poblaciones afectadas.
La Amazonía ecuatoriana, que durante décadas ha aportado al desarrollo del país, merece atención prioritaria. Proteger sus territorios y garantizar la seguridad de sus habitantes es una tarea que no admite demora. Allí donde la naturaleza transforma el paisaje, la acción responsable del Estado debe construir esperanza y soluciones duraderas. (O)
